Comité de la ONU condena al Perú por negar aborto terapéutico a niña indígena víctima de violación
El 13 de junio de 2023 el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen histórico sobre el caso Camila (seudónimo utilizado para proteger la identidad de la sobreviviente), donde se determinó que el Estado peruano no cumplió con proteger y garantizar los derechos de una niña indígena, al negarle información, acceso al aborto terapéutico y criminalizarla luego de perder el embarazo.
Entre las recomendaciones de este dictamen se incluye el pedido de despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil, así como asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes.
La Historia de Camila
En el 2017, cuando tenía 13 años, Camila quedó embarazada producto de abusos continuados por parte de su padre. Por el alto riesgo que el embarazo representaba para la salud de Camila, su madre solicitó que se aplique el aborto terapéutico que es legal en el Perú desde 1924. Sin embargo, los funcionarios del hospital no respondieron dentro de los plazos legales a dicha solicitud, lo que impidió que ella accediera a este servicio. A las 13 semanas de gestación, después de fuertes dolores, Camila tuvo una pérdida espontánea.
Por este hecho, la Fiscalía culpó a Camila y la acusó de autoaborto. Además, una obstetra del centro médico local acudió reiteradas veces a la casa de Camila junto con un policía para exigirle que retome sus controles prenatales. Los vecinos de su comunidad realizaban comentarios humillantes sobre su comportamiento. Como consecuencia, Camila dejó de ir a la escuela y tuvo que mudarse a otra ciudad.
#JusticiaPara Camila
Debido a lo sucedido, con el acompañamiento y respaldo de Promsex, Planned Parenthood Global y el movimiento latinoamericano Son Niñas, No Madres, en 2019 Camila buscó justicia ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Esto con el objetivo de que se reconozca el derecho de las niñas y adolescentes de acceder a la interrupción legal del embarazo de modo seguro, dado el grave riesgo que una maternidad forzada representa para su salud física y mental.
“El dictamen en el caso de Camila es un llamado de atención contundente para el Perú. Es inaceptable que se haya permitido que una niña sufriera abusos sin que se tomaran medidas adecuadas y legales para protegerla y garantizar así su bienestar”, dijo Susana Chávez, directora del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex).
Por su parte, Reina Uzcátegui, Oficial Senior de Programas en Perú de Planned Parenthood Global, señaló que “el caso de Camila es una gran oportunidad para poner los reflectores sobre esta epidemia de maternidades forzadas en el Perú y en la región y que tenga eco en las autoridades, para crear políticas públicas que protejan a las víctimas de violencia sexual, así como evitar la criminalización de las niñas por acceder a servicios de salud sexual y reproductiva y al aborto terapéutico”. Finalmente, el Estado peruano tiene la obligación de reparar integralmente a Camila y evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. El caso de Camila, debido a que es el primer dictamen del Comité de los Derechos del Niño de ONU contra el Estado peruano, es un gran logro en la búsqueda de justicia y un gran precedente para el país, porque a todas las niñas y adolescentes se les debe garantizar las atenciones necesarias para prevenir una maternidad forzada y acceder al aborto seguro, así como cuidados postaborto.
Despenalizar el aborto infantil, el reto de un Estado ausente
Por: Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex
Haber logrado que en el Perú existan sentencias firmes para que el aborto terapéutico sea un derecho de las mujeres, no es una garantía y menos para las niñas que resultan embarazadas después de una violación.
Las evidencias señalan que el embarazo en menores de 15 años es de alto riesgo, pues generan daños graves y permanentes en su salud, más aún si hay violación sexual de por medio. Sin embargo, esto no parece conectar con los servicios de salud, donde las obligan a continuar con el embarazo como si la edad fuese solo un detalle.
Es por ello que la despenalización del aborto infantil, medida que propone para el Perú el Comité de Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resulta clave, pues con ello no solo se eliminarán barreras insensatas y abusivas que muchos profesionales de salud imponen de manera cruel y degradante, también se les dará a las niñas el derecho a decidir, y así empezar a reparar en algo, los daños que originaron todos quienes le fallaron en su debida protección, incluyendo al Estado.
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