Proponen castigar con pena de muerte los casos de feminicidio
Tras los recientes casos de feminicidio, diputados de Morena y PVEM sugieren modificar el artículo 22 de la constitución mexicana, referido a la pena de muerte.
La República en GoogleCinco legisladores de Morena y la fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la constitución y levantar la prohibición de la pena de muerte. El castigo se aplicaría a responsables de violación, feminicidio y homicidio doloso.
Según esta iniciativa, la pena capital se impondría contra violadores que asesinen a sus víctimas, feminicidas cuya víctima sea menor de edad, así como a los culpables de homicidio agravado.
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Fátima de apenas 7 años de edad fue hallada muerta con signos de haber sido torturada y violada sexualmente. Foto: difusión.
Los diputados del PVEM, liderados por Arturo Escobar, y los morenistas Francisco Elizondo, Nayeli Fernández, Alfredo Gordillo, Ana Patricia Peralta y Erika Rosas propusieron eliminar la prohibición expresa de la pena de muerte en el artículo 22 de la Constitución, tras citar casos como el de Fátima e Ingrid Escamilla.
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“Queda claro que agravar las sanciones penales o incluso imponer cadena perpetua para ciertos delitos no ha resultado una solución efectiva (...) Creemos que la pena de muerte representa un castigo que podría ayudar a reducir la magnitud y la frecuencia de crímenes como los que aquí hemos referenciado”, detallaron los diputados.
La propuesta sugiere que el artículo 22 de la Constitución impediría las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la confiscación de bienes y demás penas inusitadas y trascendentales, mas no la pena de muerte.
Además, en relación al artículo 18, el sistema penitenciario se basará en el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado y procurar que no vuelva a delinquir, excepto cuando la legislación penal dictamine la pena capital.
