Fiscal de Florida es acusado de desacato por ordenar arrestos de inmigrantes pese a suspensión de juez: "Simplemente no es aceptable"
La Coalición Inmigrante de Florida y la Asociación Campesina acusan al fiscal general James Uthmeier de incumplir una orden judicial que suspendía la ley SB 4-C, al ordenar a los policías detener a inmigrantes.
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, podría ser acusado de desacato por presuntamente ignorar una orden judicial que suspendía la ley SB 4-C, que criminaliza la entrada de inmigrantes indocumentados al estado. Pese al fallo del 4 de abril, Uthmeier envió una carta a la policía indicando que podían seguir realizando arrestos, lo que generó críticas de organizaciones defensoras de inmigrantes.
La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC) y la Asociación Campesina (FWAF) lo acusan de alentar detenciones prohibidas, desobedeciendo al tribunal y violando sus deberes éticos. Uthmeier niega haber cometido desacato y cuestiona la autoridad de la jueza Kathleen M. Williams.
¿Qué dice la ley que permitía el arresto a inmigrantes en Florida?
La ley SB 4-C, promovida por el gobernador DeSantis, tipifica como delito grave entrar a Florida sin autorización, permitiendo arrestos incluso a inmigrantes con estatus regularizado y obligando a prisión preventiva sin considerar circunstancias. En abril, la jueza Williams bloqueó la ley temporalmente por probable inconstitucionalidad, pero su aplicación siguió en algunos casos, lo que llevó a la demanda y acusación contra Uthmeier.
Florida, con cerca de cinco millones de inmigrantes, ha adoptado políticas migratorias muy estrictas bajo DeSantis, incluyendo la prohibición de ciudades santuario y sanciones a funcionarios.
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Audiencia clave por arrestos a inmigrantes por ignorar la suspensión de la ley SB 4-C
La audiencia convocada por la jueza Williams será crucial para determinar si el fiscal general Uthmeier incurrió en desacato al ignorar la suspensión de la ley SB 4-C. De ser declarado culpable, podría enfrentar sanciones legales.
Por otro lado, FLIC y la FWAF critican que la ley criminaliza la simple presencia de inmigrantes, generando miedo y discriminación. "Simplemente no es aceptable que, a pesar de la orden de la corte y sus deberes éticos, el fiscal general fomentó arrestos que él completamente entendía que estaban específicamente prohibidos", expresaron los abogados de las organizaciones.
