Cámara de Representantes de este estado en EEUU aprueba proyecto de ley que exige a hospitales preguntar el estatus migratorio de los pacientes
En Estados Unidos, el proyecto de ley SB 1268, aprobado por una Cámara de Representantes estatal, obligaría a hospitales a registrar si los pacientes son inmigrantes indocumentados.
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La Cámara de Representantes del estado de Arizona aprobó esta semana el controvertido proyecto SB 1268, que obligaría a los hospitales que reciben fondos públicos del programa de salud estatal AHCCCS a preguntar a los pacientes si se encuentran legalmente en Estados Unidos. La propuesta busca recopilar datos sobre los costos de atención médica que no están cubiertos por el seguro y que, según sus impulsores, recaen en los contribuyentes.
Aunque el proyecto aún debe regresar al Senado para su aprobación final, la medida ya ha generado un fuerte debate político y social. Mientras sus promotores defienden la iniciativa como una herramienta para auditar gastos públicos, sus opositores advierten sobre los riesgos de disuadir a inmigrantes de buscar atención médica por temor a ser identificados o perseguidos. El texto propone que los hospitales presenten informes trimestrales al Departamento de Salud estatal, con datos que eventualmente llegarán al gobernador y a la Legislatura.
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Qué plantea el proyecto SB 1268 y a quién afecta en Arizona
El objetivo central de la propuesta SB 1268 es obligar a los hospitales de Arizona que reciben fondos del programa estatal AHCCCS, la versión local del Medicaid, a preguntar directamente a sus pacientes si están en el país sin documentación. Esta información no se usaría para negar atención, sino para generar estadísticas sobre los costos de la atención no compensada, es decir, aquella que no es reembolsada por seguros o programas públicos.
La senadora republicana Wendy Rogers, autora del proyecto, indicó que la intención no es criminalizar a los pacientes, sino ofrecer a las autoridades estatales una visión clara del gasto que genera la atención a personas sin estatus legal. Sin embargo, la ley no está enfocada en servicios pagados por AHCCCS, ya que los inmigrantes indocumentados solo califican para cobertura en casos de emergencia. El seguimiento se centraría en atenciones fuera de esa categoría.
Las críticas al proyecto de ley SB 1268: salud pública y uso de los datos en Arizona
Los detractores del proyecto advierten que esta política puede generar un efecto contraproducente: hacer que muchos inmigrantes eviten acudir al hospital incluso en situaciones críticas, por miedo a ser identificados. La representante demócrata Betty Villegas señaló que una ley como la SB 1268 podría desencadenar una crisis de salud pública, al desincentivar la búsqueda de ayuda médica en comunidades vulnerables.
Por su parte, la senadora demócrata Catherine Miranda expresó dudas sobre la finalidad del proyecto y preguntó qué garantías existen para asegurar que la información no se utilizará con fines punitivos o discriminatorios. “¿Cómo podemos estar seguros de que estos datos no terminarán siendo usados para fines nefastos?”, cuestionó durante el debate legislativo. Rogers respondió rechazando la crítica y argumentó que lo verdaderamente cuestionable es la "ilegalidad" de quienes cruzan sin permiso las fronteras.
SB 1268: un modelo basado en la legislación de Florida
La propuesta SB 1268 no es la primera de su tipo en Estados Unidos. La senadora Rogers reconoció que su proyecto se inspira en una ley aprobada en Florida en 2023, que también obliga a los hospitales a registrar el estatus migratorio de los pacientes. Esa normativa fue impulsada en un contexto de políticas estatales cada vez más restrictivas hacia los migrantes, marcando una tendencia que ahora intenta replicarse en Arizona.
La propuesta ha encendido las alertas entre defensores de derechos humanos y organizaciones médicas, quienes insisten en que las instalaciones de salud no deben convertirse en herramientas de control migratorio. Aunque la SB 1268 aún debe ser ratificada por el Senado estatal, su avance refleja el creciente interés de algunos legisladores por vincular los servicios públicos con el estatus legal de los usuarios, lo que podría tener efectos duraderos en el sistema de salud y en las comunidades migrantes.
