Acusan al LAPD de colaborar con ICE en operativos contra inmigrantes en Los Ángeles: "Una mentira absoluta"
Organizaciones comunitarias acusan al LAPD de brindar apoyo a agencias migratorias en redadas, a pesar de la ordenanza de ciudad santuario.
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Diversas organizaciones de derechos civiles denunciaron al Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) por supuesta colaboración con agentes federales en operativos migratorios, pese a la ordenanza municipal que prohíbe esa práctica. Acusan a la corporación de facilitar acceso a bases de datos y recursos de vigilancia que posteriormente terminan en manos de agencias como ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La controversia creció tras un operativo realizado el 28 de febrero de 2025 en el centro de Los Ángeles, donde testigos aseguraron haber visto patrullas del LAPD acompañando a agentes federales durante redadas en viviendas particulares. Aunque la institución negó participar directamente en la ejecución del operativo, admitió haber prestado apoyo en el manejo del tráfico vehicular, lo que avivó las críticas y peticiones de mayor transparencia.
Activistas denuncian violación de políticas santuario en Los Ángeles
La ciudad de Los Ángeles se define oficialmente como una "ciudad santuario", es decir, un territorio donde las autoridades locales no cooperan con la aplicación de leyes migratorias federales. No obstante, colectivos como Stop LAPD Spying Coalition sostienen que esta política no se respeta en la práctica. Según Ron Gochez, vocero del grupo, existen múltiples evidencias de que el LAPD comparte datos sensibles con agencias migratorias, incluyendo información sobre arrestos, direcciones y matrículas vehiculares.
“La policía dice que no te va a deportar, pero te arresta y luego los alguaciles entregan tu información a la migra”, aseguró Gochez. El activista calificó como “una mentira absoluta” el discurso de las autoridades que niegan la cooperación. Para sustentar sus acusaciones, la coalición presentó solicitudes de registros públicos y señaló que interpusieron 16 demandas para exigir acceso a documentos internos que prueben estos vínculos.
Iniciativas legales y presión política en Los Ángeles
La concejal Eunisses Hernández pidió al LAPD entregar un informe detallado sobre cada incidente donde se haya detectado participación, directa o indirecta, en acciones de inmigración. También propuso revisar el protocolo de interacción con agentes federales para garantizar el cumplimiento de la ordenanza 188441, firmada por la alcaldesa Karen Bass en noviembre de 2024.
Esta ordenanza prohíbe expresamente el uso de recursos municipales para colaborar con el control migratorio federal, salvo en situaciones excepcionales como investigaciones criminales graves. Sin embargo, los activistas aseguran que esta disposición se incumple de forma sistemática, especialmente en barrios latinos y de alta presencia inmigrante.
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La comunidad inmigrante en estado de alerta
Los recientes señalamientos han generado preocupación entre la población migrante de Los Ángeles, una de las más numerosas del país. La posibilidad de que cuerpos locales compartan información con agencias como ICE alimenta el temor y el retraimiento en sectores ya vulnerables. Diversas familias han comenzado a modificar sus rutinas para evitar el contacto con las autoridades.
Por su parte, representantes del LAPD insisten en que la institución no colabora con la deportación de inmigrantes, aunque reconocen que existen acuerdos de cooperación con organismos federales en casos vinculados al crimen organizado. Mientras tanto, la comunidad espera respuestas concretas y un compromiso firme con los principios de protección y no discriminación que, hasta ahora, parecen estar en entredicho.
