Chicago: la Small Business Administration cerrará su oficina debido a las políticas de 'ciudad santuario' en EE. UU.
Se reubicarán seis oficinas de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) en municipios que no cumplan con requisitos de inmigración. Se implementará una nueva política de verificación de ciudadanía para los prestamistas.
El jueves se anunció que la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) trasladará su oficina de Chicago debido a las políticas de "santuario" de la ciudad en Estados Unidos. Asimismo, la SBA tiene planes de reubicar seis oficinas situadas en "municipios que no cumplen con los requisitos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos".
La administradora Kelly Loeffler anunció este cambio como parte de una iniciativa que, según detalló, cumple con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, la cual impide la asignación de fondos federales a personas sin estatus legal en Estados Unidos.
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¿A dónde se trasladará la oficina de Small Business Administration tras cerrar en Chicago?
Según NBC News, el comunicado indicaba que las oficinas se trasladarían a “ubicaciones menos costosas y más accesibles”, aunque no se proporcionaron detalles sobre su nueva ubicación. Una de esas oficinas está ubicada en Chicago, con otras ubicadas en Atlanta, Boston, Denver, Nueva York y Seattle, según el anuncio de Loeffler
“Volveremos a centrarnos en empoderar a los propietarios de empresas legales y elegibles en todo Estados Unidos, en asociación con los municipios que comparten el compromiso de esta Administración de proteger las fronteras y las comunidades”, expresó Loeffler en un comunicado.
Además, Loeffler informó que la administración implementará una política de verificación de ciudadanía que exigirá a los prestamistas confirmar que las empresas solicitantes no sean propiedad total o parcial de personas que se encuentren ilegalmente en el país.
Políticas de "ciudad santuario" en EE. UU.
La noticia se da al día siguiente de que los alcaldes de Chicago, Nueva York, Boston y Denver comparecieran ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes para hablar sobre las políticas de sus ciudades que limitan la cooperación de la policía local con las acciones federales de control de inmigración.
Estas políticas prohíben a los funcionarios municipales preguntar sobre el estatus migratorio o compartir esa información con las autoridades federales. Además, no se pueden negar servicios municipales a una persona debido a su estatus migratorio.
Por otro lado, el Departamento de Justicia ha interpuesto demandas contra estas políticas, argumentando que violan las órdenes ejecutivas de Trump que declaran una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los tribunales han ratificado en repetidas ocasiones la legalidad de las leyes de santuario, según NBC News.
Además, el representante James Comer, presidente del comité, criticó a los alcaldes de las cuatro ciudades por lo que consideró una obstrucción a los esfuerzos de la administración Trump para reducir los cruces fronterizos.
Ha solicitado que se eliminen los fondos federales para las ciudades y jurisdicciones que mantienen políticas de "ciudades santuario", aunque tal medida necesitaría la aprobación del Congreso.
