Krúpskaya Ugarte: “Hay discriminación del voto rural e intento de direccionar el derecho a lo que quieren”
En diálogo con La República, la abogada y docente considera que Fuerza Popular ha adoptado esta actitud hacia el voto del campesino, ya que impugnan esas mesas al estar alejadas de la ciudadanía limeña.
La abogada y docente Krúpskaya Ugarte, especializada en derechos humanos, considera que no hay pruebas de un fraude en los casos que evalúa el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Advierte una actitud discriminatoria en la operación de Fuerza Popular y “no hay que ser ingenuos” sobre los anuncios de remociones en el Congreso.
¿Cómo evalúa el rol del JNE en las actuales elecciones?
Somos un Estado de derecho, estamos regidos por un marco jurídico. El proceso electoral tiene un cronograma y una normativa. El día de las elecciones no se reportó alguna acción para poder hablar de fraude. Observadores internacionales han manifestado que fueron elecciones limpias. Y si ya empezamos el proceso con un marco jurídico, no es posible generar otro procedimiento.
El JNE intentó ampliar el plazo para pedir nulidades...
A pedido de una de las organizaciones políticas. Después se da cuenta de que no se condice con su propia reglamentación y un sentencia del Tribunal Constitucional, y retrocede.
¿Cómo interpreta ese acto?
Ese acto nacía nulo y finalmente anulaba todos los actos que podía haber generado. Por eso retrocedió de inmediato.
¿Pero qué nos dice eso de los magistrados del JNE, que son profesionales recorridos?
Esa conducta genera sorpresa porque son magistrados que tienen que conocer el derecho. Siendo un órgano autónomo, ellos tienen un criterio de conciencia, pero está suscrito a la ley. Puede ser un error, pero fue subsanado porque, si no, nacía nulo de derecho.
Fuerza Popular alega que el JNE debe evaluar todos sus pedidos de nulidad de actas porque ellos tienen derecho a la verdad electoral. ¿Qué piensa?
Sobre todos los recursos presentados hasta las 8 de la noche del 9 de junio, los Jurados Electorales Especiales (JEE) tenían que pronunciarse y lo han hecho, y aquellos presentados después de las 8 de la noche han sido declarados improcedentes. Está correcta esa conducta.
¿Y el derecho a la verdad electoral que alega el partido?
Esa verdad se está viendo en las audiencias públicas. Ese derecho tiene que estar sujeto a la ley. Piden un padrón electoral. La ciudadanía puede decir: “¿Y mis datos personales?”.
Para ellos hubo trampa en mesa y para saberlo deben verse todos sus pedidos. ¿Qué opina?
Todo eso carece de fundamento jurídico porque no está previsto en la ley. Para argumentar lo que señalan tendrían que adjuntar pruebas. En cada mesa hay representantes de los partidos y otras entidades. No veo argumentos de fuerza. Dicen “si en la primera vuelta tuve cien votos, ¿por qué ahora no tengo?”. Y descalifican con criterio discriminatorio los votos de campesinos, creyendo que no podrán defenderse. Usan de modo selectivo unas mesas creyendo que, hasta que reaccionen, ganarán tiempo y bulla.
¿Dice que no se trata solo de una operación legal?
El derecho se rige por normas y principios. Cada proceso tiene plazos y los abogados sabemos que estamos adscritos a estos. En ningún proceso judicial, un abogado puede exigir al juez hacer algo fuera de plazo. Y están rechazando las nulidades porque no hay argumento jurídico que evidencie fraude, no hay prueba fehaciente que demuestre que hay ese fraude.
¿Y cómo entender que abogados experimentados como Urviola y Castiglioni estén en esta causa y ese alegato?
No los voy a calificar. Sin embargo, creo que todos tenemos un criterio de consciencia y ese criterio tiene que estar sujeto a ley si vamos a asumir la defensa. No podría yo asumir la defensa cuando le doy un argumento jurídico a mi cliente contrario a ley. Tenemos que sujetarnos siempre al derecho.
Dice que hay una actitud discriminatoria. ¿Por qué?
Desde un enfoque de los derechos humanos, allí hay una actitud discriminatoria, discriminar el voto del campesino, el voto rural. Justamente impugnan esas mesas porque están alejadas de la ciudadanía limeña, voy a poder hacer uso de los nombres de estos ciudadanos de tercer o cuarto nivel y me van a servir estos elementos para poder yo cuestionar en los objetivos que quiero. Se observa que se quiere direccionar el derecho por el camino que ellos quieren.
¿Cuál es la responsabilidad en que están incurriendo?
Todos tenemos dignidad. Los están calificando de hacer fraude. No se puede despreciar el voto. Están difamando, eso ya está dentro del derecho penal. Nadie puede hacer uso de sus nombres para calificarlos de hechos falsos, como ya evidencian quienes han salido a responder.
Habiendo cumplido el rol clave de miembros de mesa...
Además dicen que hermanos han sido miembros de mesa. ¿Por qué pensar que están coludidos para un fraude? No hay evidencia. Se quiere manejar el derecho, que el derecho les sirva como un instrumento para ellos. Es ya una tercera campaña y nos deslegitima ante la comunidad internacional.
¿Hay correlato de esto con lo que pasa en el Congreso, donde buscan cambiar la mesa directiva cuando se avecina una elección de magistrados del TC?
No podemos pecar de ingenuos. Hay una clara intención de esta Congreso. Así como hacer reformas a la Constitución requiere debate profundo, igual la elección de magistrados del TC. Creo que no son los llamados a hacerlo, sino el Congreso electo para tener debate amplio y tener representantes dignos en el TC, que serán máximos intérpretes de la Constitución. Puede que, bajo la situación de incertidumbre y desorden electoral, se crea que la sociedad está distraída y se quieran hacer en el Congreso acciones alejadas del derecho. Debe haber responsabilidad. Cuando un Estado vulnera derechos fundamentales, se genera responsabilidad internacional. Creo que los funcionarios deben ser responsables de sus actos.
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