Conflictividad minera en picos históricos calienta el inicio del 2024
Latencia. Los conflictos sociales de todo tipo registraron en 2023 el récord de los últimos 7 años. Al menos el 60% de las controversias señaladas están asociadas a temas medioambientales.
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Este año 2023 cerrará como el ciclo de conflictos sociales más alto de los últimos 7 años al superar los 220 casos, y la mayoría de estos responde a la actividad minera, de acuerdo a un reciente informe presentado por el 33° Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM).
El alto número de conflictos en nuestro país estará apenas por encima del registro obtenido durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski: más del 60% de ellos ligados a temas medioambientales, de los cuales, a su vez, el 67% tiene como origen la actividad en las minas.
José de Echave, investigador de CooperAcción, explica que, en los últimos meses, algunos conflictos pasaron de latentes a activos, como el de Chumbivilcas (Cusco) y Cotabambas (Apurímac) en el corredor minero del sur. Una tensa calma rota al mismo tiempo que en el norte se disparan los índices en 15 años de minería ilegal. Pataz, en La Libertad, es prueba de ello.
“Este incremento de los conflictos va de la mano del aumento de las acciones de protesta colectiva que pasaron de 232 en agosto a 410 en octubre”, expresa De Echave.
Epifanio Baca, coordinador de Proyectos de Propuesta Ciudadana, recuerda que las 260 toneladas de cobre que colocó Las Bambas en 2022 están muy por debajo de las 400 toneladas del 2017. Las pérdidas se han visto en parte amortiguadas por el factor precios, pero no alcanza.
Que el 2023 cierre como el año con más conflictos sociales asociados a minería en número no significa, necesariamente, que sea el año con peores estragos económicos asociados a la toma de vías, “aunque no está muy lejos de serlo”, anticipa Baca.
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Para tomar un ejemplo, la paralización de 57 días en Las Bambas en el año 2022 generó pérdidas por US$541 millones en exportaciones y S/296 millones en recaudaciones por impuesto a la renta y regalías contractuales.
“Las zonas de mayor conflicto son el corredor minero en el sur y la Amazonía, en Loreto. Son los casos críticos. Las disputas en torno a Las Bambas, Antapaccay y Hudbay han recrudecido producto del espacio que les dio Pedro Castillo, que los empoderó hasta tener una agenda más fuerte”, relata.
El doble discurso del agua
Se debe entender que la actividad minera demanda mucha agua para su operación. En consecuencia, es normal que las minas se asienten cerca de cabeceras de cuenca. Es el génesis de muchos de los conflictos de este tipo en el Perú.
Es una realidad en el interior del país que no está muy lejos de materializarse en la capital. Ana Leyva, subdirectora de CooperAcción, advierte que, a pesar de que el Gobierno anunció la declaratoria de emergencia por déficit hídrico, impulsa la ejecución de la mina Ariana sobre la zona productora de agua más importante para Lima y Callao.
Ariana busca instalarse donde se encuentran las lagunas y toda la infraestructura hídrica que conforman el denominado Sistema Marcapomacocha.
“Si Ariana empieza a operar, pondría en riesgo la distribución de agua potable para casi 11 millones de personas”, ataja.
Conflictividad minera y lucha por el agua
Las concesiones mineras ocupan 20 millones de hectáreas a nivel nacional, mientras que la minería informal e ilegal ocuparía 25 millones de hectáreas. Casi no hay ningún lugar del país a donde esta actividad ilícita no haya llegado.
Mientras la minería formal emplea a alrededor de 220.000 trabajadores, la minería informal supera el doble de esa cifra, con aproximadamente 400.000.
En 2023, según el Banco Mundial, Lima tuvo el volumen de almacenamiento de agua más bajo de los últimos 5 años. En Latam, la capacidad de almacenamiento de agua es de 2.500 m3 per cápita, pero en Perú apenas llegamos a 180 m3.
Reacciones
José de Echave, CooperAcción
“Por macrorregión, el 42% de los conflictos se encuentra en el norte, 34% en el sur y 20% en el centro. Son cifras de la Defensoría que desbaratan el argumento gubernamental de que ya se pacificaron los conflictos”.
Epifanio Baca, Propuesta Ciudadana
“El canon minero para Apurímac en el 2023 disminuyó 65% respecto al 2022 debido a las paralizaciones. Muchas de estas zonas al sur se mantuvieron en paz porque estaban militarizadas”.
Periodista de prensa escrita y digital, graduado en la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Actualmente, en La República, donde escribe sobre economía, con énfasis en hidrocarburos, minería y conflictividad social.
