Chavimochic: tribunal arbitral aceptó última prórroga para firma de adenda

Se pagará US$ 118 millones a Novonor cuando termine de construir la presa de Palo Redondo, dice gobernador regional Llempén.

Palo Redondo está paralizado desde diciembre de 2016. Foto: La República
Palo Redondo está paralizado desde diciembre de 2016. Foto: La República

El gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, manifestó que el tribunal arbitral ha aceptado una última prórroga del plazo para la firma de la adenda que permita el reinicio de las obras en la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), en la provincia de Virú, el cual debe generar 100.000 puestos de trabajo.

“El tribunal arbitral ya aceptó, ya tenemos nosotros la anuencia porque la solicitud de prórroga la han hecho los dos litigantes, tanto la concesionaria Novonor (ex-Odebrecht), como el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Ya está corriendo el plazo”, aseveró Llempén a los periodistas.

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llempén

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La autoridad refirió que hace dos días sostuvo una conversación con el premier Aníbal Torres Vásquez, quien le pidió que ingenieros y técnicos se reúnan para desarrollar la adenda, la cual está prácticamente culminada, para pasarla al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este nuevo plazo que nos han otorgado es improrrogable, es el único plazo que tenemos. Se ha pedido 90 días para tener más tiempo para la firma de la adenda. Esta es la última solicitud que se hace”, indicó Manuel Llempén.

El gobernador afirmó que lo que falta para concluir la edificación de la presa Palo Redondo, parte fundamental de la tercera etapa del PECh, está cotizado en US$ 118 millones. “Eso se le va a pagar al concesionario cuando termine de construir. A medida que va avanzando la obra, la empresa va presentando las valorizaciones de los trabajos para que nosotros les vayamos cancelando de acuerdo al avance”, explicó.

Llempén Coronel recordó que, cuando la constructora presentó en 2016 la carta en que suspendía las obras en Chavimochic, ya había avanzado una parte. “Y la firma supervisora, un ente externo al gobierno regional, autorizó el pago de US$ 22 millones; eso le correspondía a la empresa concesionaria y tiene que pagársele porque Novonor requiere ese pago inmediato para que puedan movilizar tanto maquinaria como gente”, acotó.

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