Indecopi investiga 16 casos por concertación de precios
Y hay otros nueve en proceso sancionador vinculados al sector construcción e inversiones públicas.
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La concertación de precios, un método al que recurren empresas competidoras en un solo mercado para fijar la tarifa de algunos productos, es una práctica ilegal y afecta directamente a millones de consumidores.
En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) acaba de informar que investiga de forma preliminar 16 casos de conductas de concertación de precios, entre ellos, en productos como combustibles, servicios de importación y alimentos.
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“La investigación preliminar significa que todavía no se han llevado a juicios. Pero con procesos sancionadores hay nueve (casos), que están vinculados al sector electricidad, construcción, impresiones públicas, y también impresiones de encarte publicitario”, dijo Jesús Espinoza, secretario Técnico de la Comisión de Libre Competencia del Indecopi.
Respecto a las multas impuestas por casos de prácticas anticompetitivas identificadas por la Comisión, señaló que por concertación en precios de GNV- producto de cárteles empresariales -, se sancionó a las empresas involucradas con 458 millones de soles, mientras que en el de papel higiénico con 276 millones de soles; balones de GLP con 46 millones de soles; Oxígeno medicinal con 21 millones de soles; farmacias con 9 millones de soles; líquidos en Chimbote con 12 millones de soles, entre otros.
Programa de recompensas
La concertación de precios es el producto final que se ejecuta mediante un cártel empresarial, un acuerdo al que llegan empresas competidoras de un mismo sector para fijar tarifas, las cuales afectan después a los bolsillos del ciudadano.
Uno de los casos emblemáticas sucedió en el 2017, cuando Indecopi desarticuló un cártel de papel higiénico conformado por Kimberly Clark y Protisa, que entre el 2005 y 2014 concertaron precios, subiendo el costo de su producto perjudicando a sus consumidores con 27,5 millones de soles al año.
Con la finalidad de evitar más prácticas similares, la autoridad - que ya cuenta con un programa de Clemencia para las empresas - aprobó el reglamento que permite premiar hasta con 400 mil soles a los ciudadanos que denuncien o identifiquen cárteles.
