Qatar, el país que cercena derechos

El próximo 21 de noviembre, el mundo volcará sus ojos hacia Qatar, un pequeño país de la península arábica, donde se celebrará la vigésimo segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino de la FIFA.

Aunque su nombre no ha dejado de resonar en nuestras cabezas mientras se disputaban los partidos de clasificación, los amantes del fútbol conocen poco del país anfitrión, excepto por algunos datos básicos.

Se sabe, por ejemplo, que es de mayoría musulmana, gobernado por emires, y también que es una de las naciones más ricas del mundo.

Se conoce el lado luminoso de Qatar. La lujosa ciudad de Doha, con sus deslumbrantes rascacielos y sus modernos paseos marinos. Se sabe también que desde que ganó la sede del mundial, en 2010, emprendió la construcción y modernización de ocho estadios y que para dejar todo listo para el torneo ha invertido más de 1,600 millones (datos de la FIFA).

Pero se conoce poco del otro lado. Para comenzar, los hinchas quizás desconozcan que desde que se ganó el derecho a albergar la copa hasta al menos finales del año 2020, es decir, en un lapso de diez años, en Qatar habían muerto más de 6,500 trabajadores migrantes.

La cifra fue revelada por el diario inglés The Guardian en febrero de 2021. La mayoría de trabajadores eran pobres y provenían de la India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka.

Si bien los registros no mencionaban sus ocupaciones, es probable que muchos de ellos estuvieran empleados en los proyectos de infraestructura del torneo, le dijo al diario Nick McGeehan, director de FairSquare Projects, una ONG que defiende a los trabajadores.

El 69 % de esas muertes habían sido catalogadas como “naturales” por las autoridades. Según los expertos consultados por The Guardian, esa clasificación no brindaba una explicación clara de las causas de los fallecimientos.

Durante los siguientes meses y hasta el día de hoy, el gobierno qatarí no ha explicado qué ocurrió con las muertes cuya causa no se registró. Ha dicho, sí, que solo 37 fallecidos eran trabajadores vinculados a la construcción de estadios. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos dudan mucho de esa versión.

“Todos los indicios [de las causas de muerte] apuntan a largas jornadas de trabajo en un clima extremo como el del país”, le dijo Carlos Heras, vocero de Amnistía Internacional, a El Confidencial en noviembre del año pasado.

El gobierno se comprometió a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Prometió eliminar la kalafa, un sistema que les prohibía cambiar de empleo o salir del país sin el permiso de sus empleadores, y aumentar el salario mínimo.

Sin embargo, el último reporte de Amnistía Internacional señala que las condiciones de explotación no se han detenido.

Sometidas

Por si fuera poco, a los abusos laborales se suman las condiciones de sujeción en las que viven las mujeres, que no pueden contraer matrimonio o aplicar a un empleo sin permiso de su guardián (su padre o hermano mayor o su marido, en caso de ser casada). Y aunque el delito de violación sexual está tipificado dentro del matrimonio, la ley obliga a las mujeres cataríes a tener relaciones sexuales con sus esposos, a no ser que tengan razones legítimas para negarse.

A las minorías sexuales no les va mejor. Las relaciones sexuales entre adultos del mismo sexo son consideradas delito y castigadas hasta con cinco años de prisión. Cuando se le preguntó al director del comité organizador del mundial, Nasser Al Khater, qué pasaría con los turistas homosexuales que quieran acudir al evento, dijo que no habría problemas mientras se reservaran sus manifestaciones de afecto.