“Operación Tidal Wave”: la redada migratoria que Trump califica de histórica y que muchos temen
Florida se convierte en epicentro del debate migratorio tras una mega operación de ICE que generó temor, apoyo político y acusaciones de abusos a derechos civiles.
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La "Operación Tidal Wave", desplegada en Florida a finales de abril, se convirtió en la mayor redada migratoria del año en Estados Unidos. En apenas seis días, las autoridades federales y estatales detuvieron a más de 1,100 personas, lo que desató una tormenta política y social. El presidente Donald Trump elogió el operativo como un "hito en la seguridad nacional", mientras organizaciones defensoras de los derechos humanos alertaron sobre perfilamientos raciales y violaciones legales.
Los arrestos ocurrieron principalmente en ciudades con alta presencia de comunidades migrantes como Miami, Tampa y Orlando. Aunque el objetivo declarado de ICE fue detener a personas con antecedentes criminales o con órdenes de deportación, surgieron denuncias de detenciones a solicitantes de asilo, residentes legales e incluso ciudadanos estadounidenses. La operación, además de dividir opiniones, reavivó el debate sobre la política migratoria de la administración Trump y su ejecución en territorio estatal.
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Redada masiva en Florida: ICE y fuerzas locales ejecutan plan sin precedentes
Con más de 1,100 personas detenidas, la "Operación Tidal Wave" se posicionó como una de las mayores ofensivas de ICE en territorio estadounidense. Durante los seis días que duró el operativo, agentes federales trabajaron en conjunto con más de 200 agencias locales, gracias al acuerdo 287(g), que permite a los policías locales actuar como autoridades migratorias. Esta colaboración recibió el respaldo total del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien defendió la iniciativa como una medida "contundente y necesaria" para garantizar la seguridad del estado.
ICE reportó que al menos 378 de los detenidos tenían antecedentes criminales o violaciones migratorias previas. No obstante, múltiples testimonios recogidos por organizaciones civiles señalan que muchas detenciones ocurrieron sin orden judicial y sin verificar adecuadamente el estatus migratorio de las personas. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de comunidades enteras, provocando ausentismo escolar, cierres temporales de negocios y protestas públicas.
Críticas por violaciones a derechos humanos y perfilamiento racial
Diversas organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch expresaron preocupación por el impacto humano y legal de la operación. Las denuncias incluyeron la detención de ciudadanos estadounidenses por error, como el caso de una madre cubana legalmente establecida que fue separada de su hija menor sin explicación. Estos errores, señalan los activistas, reflejan una falta de control y de protocolos claros dentro de ICE y sus aliados estatales.
El uso del programa 287(g) también fue duramente cuestionado, ya que delega funciones federales a cuerpos policiales locales, muchas veces sin formación adecuada en leyes migratorias. Esta descentralización, advierten expertos, puede generar violaciones sistemáticas a los derechos civiles, especialmente en comunidades latinas, donde se reportó la mayor cantidad de arrestos. La falta de supervisión judicial directa en muchas detenciones alimentó aún más las críticas a la operación.
Trump defiende la operación y promete más redadas migratorias en 2025
El presidente Donald Trump celebró públicamente la "Operación Tidal Wave", calificándola como "una acción ejemplar para limpiar nuestras ciudades de criminales extranjeros". En declaraciones emitidas desde la Casa Blanca, prometió intensificar las redadas en otros estados y ampliar el alcance del programa 287(g). Para Trump, estas acciones fortalecen la soberanía nacional y reflejan el compromiso de su administración con la ley y el orden.
Sin embargo, sectores de la oposición y defensores de los derechos civiles advirtieron sobre los peligros de este enfoque. Varios legisladores pidieron al Congreso revisar los programas que permiten este tipo de operativos masivos sin garantías suficientes para los detenidos. El impacto social y económico en comunidades trabajadoras, donde miles de personas temen salir a la calle, podría prolongarse durante meses si no se establecen límites claros.
