Policía que reveló órdenes de matar en protestas renunció un día después de la masacre en Puno

El 10 de enero del 2023, el suboficial John Torres presentaba su renuncia al cargo luego de que un día antes, el 9 de enero, se produjera la violenta represión en Puno, que dejó 18 civiles fallecidos cuando protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte.

“El día de ayer, 9 de enero del año en curso, ocurrieron graves hechos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida, falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles, así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente a mi cargo como efectivo policial, cuyos efectos es a partir del día de la fecha”, se lee en el punto número 3 de su renuncia expuesta por el periodista Alonso Ramos del programa "Al estilo Juliana".

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El ahora policía en retiro se presentó ante la Fiscalía el 5 de junio, un día antes de que la mandataria Boluarte respondiera ante esta institución, para revelar que sus superiores le indicaron que utilizarán fusiles AKM durante protestas porque contaban con el respaldo de la Presidencia de la República.

El testimonio de Torres coincide con el informe del semanario de Hildebrandt, en el que Javier Rivadeneyra Mestas, un policía que estuvo presente en el Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, declaró al Ministerio Público que se les habilitaron armas letales con fusiles de asalto AKM, calibre 7,62 x 39 milímetros, para controlar las manifestaciones que se desarrollaban en esta parte del país.

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El exintegrante de la Policía tenía siete años en el cargo y decidió renunciar porque considera que "no se puede atentar contra la vida de las personas" tal como lo indica la Constitución Política del Perú en su artículo 1, que establece que "la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y Estado".

En tanto, asegura respetar el artículo 2° de la Carta Magna, que indica que “toda persona tiene derecho a la vida, a su libertad, a su integridad moral y física”, como relató en el punto 5.