El juez Juan Carlos Checkley aprobó la ampliación de la investigación preparatoria contra Pedro Castillo por 8 meses, es decir, hasta el 11 de abril del 2024. La Fiscalía señaló, entre sus argumentos, que no se pudo recabar las declaraciones de los testigos debido a que no asistieron a la citación. Actualmente, el exmandatario se encuentra detenido por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, así como de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó la solicitud el 2 de agosto pasado. Dentro de sus sustentos, indicaron que la extensión del plazo se requiere para ejecutar actos pendientes que no se realizaron por “causas ajenas a la voluntad de la Fiscalía”, de acuerdo al documento al que accedió La República.
El juez Juan Carlos Checkley detalló sus argumentos para resolver la solicitud en favor de la Fiscalía. Foto: La República
Luego de que el 11 de agosto se efectuara una audiencia pública para debatir la petición del Ministerio Público, el juez Checkley finalmente decidió declararla fundada. La complejidad propia de la investigación, la modalidad de comisión de los delitos imputados y la cantidad de actos de investigación pendientes de realizar son algunas de las justificaciones que contempló dentro de su resolución.
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Por otro lado, el titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria observó las declaraciones de la defensa de los imputados. Los abogados sostuvieron que la Fiscalía no efectuó actos de investigación con la suficiente diligencia y que, con ello, habría retrasos. “No obstante, dichos cuestionamientos, la defensa de todos los investigados, han reconocido, finalmente, la necesidad de concederse un plazo de prórroga, aunque se discrepan de los 8 meses solicitados por el Ministerio Público”, recalcó el juez Checkley.
Foto: La República
El expresidente Pedro Castillo Terrones se encuentra siendo investigado por rebelión luego de que intentó dar un golpe de Estado en diciembre del 2022. En un mensaje a la Nación, que fue transmitido por la producción de IRTP, anunció una frustrada disolución del Congreso, intervenir al Ministerio Público, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y a la Junta Nacional de Justicia.
Además, solicitó detener a Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y convocó a un Congreso constituyente. Finalmente el autogolpe no prosperó ya que muchas instituciones políticas, como las Fuerzas Armadas y la PNP, no respaldaron sus órdenes.
Entre los investigados que se encuentran involucrados por el presunto delito de conspiración se encuentran: Anibal Torres (también acusado por rebelión), Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta.