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Política

Diego Bazán sobre Pedro Castillo: “Considero que le correspondería no menos de 25 años de cárcel”

El congresista que elaboró el informe final contra Pedro Castillo señaló que “se han encontrado elementos de convicción que hacen creer que hay una responsabilidad” respecto al exmandatario.

Diego Bazán fue el encargado de realizar el informe contra Pedro Castillo. Foto: composición Fabrizio Oviedo / La República

El congresista de Avanza País Diego Bazán —quién elaboró y sustentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) el informe final sobre Pedro Castillo— señaló que “se han encontrado elementos de convicción” contra el vacado expresidente de la República que lo sindicarían como el presunto “líder de una organización criminal”.

“Lo que hemos encontrado son muchos elementos de convicción que nos hacen creer que hay una responsabilidad, y eso lo tendrá que determinar en su momento el Poder Judicial, pero se configuran tres delitos: organización criminal, colusión y tráfico de influencias”, dijo en diálogo con RPP Noticias.

En ese sentido, el parlamentario consideró que, si el Poder Judicial determina la responsabilidad de Castillo Terrones por el presunto delito de organización criminal, este podría afrontar una pena no menor de 25 años.

“De determinarse responsabilidad y dado los elementos de convicción que existen al haber analizado todo el caso, yo considero de manera particular que (a Pedro Castillo) le correspondería no menos de 25 años de cárcel por haber estado inmerso en el delito de organización criminal, que es un delito bastante grave”, señaló.

En otro momento, Diego Bazán negó que se haya violado el derecho a la defensa y al debido proceso en el caso de Pedro Castillo. Agregó que el exmandatario fue notificado el 6 de diciembre, un día antes de que intentara perpetrar su golpe de Estado.

“Recordé que al expresidente Castillo se le notificó el día 6 de diciembre a las 11 a. m. en Palacio cuando él seguía siendo presidente. A los señores Geiner Alvarado y Juan Silva se les notificó en su domicilio, tal y como figura en Reniec. En el caso del expresidente Castillo, a pesar de que él en ese momento tenía un abogado asignado a la SAC, no tuvieron voluntad de hacer uso de su derecho a la defensa”, apuntó.

En esa línea, señaló que el reglamento del Congreso “indica que, ante la negativa de hacer uso a la defensa de los imputados, la SAC tiene el derecho de avanzar hasta el informe final”.

Asimismo, recordó que el caso pasa a la Comisión Permanente y que también se tendrá que notificar a las partes implicadas para que vuelvan hacer uso de la defensa. Sostuvo que ha pedido que “el señor Castillo pueda ser notificado al penal de Barbadillo y así no tenga excusas e indicar que no puede defenderse”.

SAC aprobó informe final contra Pedro Castillo

El 29 de diciembre, la SAC aprobó, con 16 votos a favor, el informe final que acusa a Pedro Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esto tras la denuncia constitucional que formuló la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Tras ello, el informe que presentó el congresista Diego Bazán será elevado a la Comisión Permanente para ser ratificado. Luego pasará por el Pleno para que el tema sea debatido. De ser aprobado, Patricia Benavides podrá continuar con el proceso contra Castillo en sede judicial.

La denuncia también incluye a los exministros Juan Silva (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Pedro Castillo acusado por tres delitos

El informe final se basa en las investigaciones de la Fiscalía contra el exmandatario Pedro Castillo. El primero se basa en la designación de Hugo Chávez en Petroperú a cambio de un presunto pago de 30.000 soles por parte del dueño de la clínica La Luz y finacista, Fermín Silva.

El segundo está relacionado cuando Juan Silva estaba a cargo del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Se trata del copamiento de puestos en dicha cartera parra direccionar obras como es el caso del Puente Tarata.

Por último, se trata de las irregularidades en el Ministerio de Vivienda cuando Geiner Alvarado lideraba dicha cartera. Desde ese sector se habrían direccionado los proyectos de saneamiento

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