Defensoría del Pueblo recibió a familias de Inti Sotelo y Bryan Pintado

En pie de lucha. Los familiares de los fallecidos en las marchas contra el Gobierno inconstitucional de Manuel Merino, ocurridas en noviembre de 2020, fueron recibidos el último martes por la defensora del Pueblo, Eliana Revollar, quien se encuentra temporalmente a cargo de este espacio estatal.

La reunión, que convocó a los deudos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, así como a sus abogados, tuvo como objetivo compartir la posición asumida por ellos respecto al caso, del cual señalaron su intención de continuar con la denuncia penal interpuesta contra los supuestos causantes de las muertes, que mancharon las manifestaciones ocurridas tras la destitución de Martín Vizcarra.

Según señaló a través de sus redes sociales Killa Sotelo, el hermano de Inti, la Defensoría del Pueblo se mostró a favor de que se continúe con la búsqueda de la justicia y la verdad en torno a los hechos que cobraron la vida de dos personas, sumando de este modo mayor apoyo a la hipótesis que apunta a malos elementos de la Policía Nacional del Perú como responsables de lo sucedido con Inti y Bryan.

Asimismo, anunció la decisión de los familiares de las víctimas de acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) luego que el último 1 de julio, la Comisión Permanente del Congreso, con el voto de Guido Bellido, dio punto culmen al blindaje a Manuel Merino, cuando por mayoría se decidió ratificar el informe aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Fue así que, con 22 votos a favor y seis en contra, el documento preparado por el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, significó consolidar la impunidad que se ha hecho patente con relación a estas muertes.

En consideración a este escenario, Killa Sotelo manifestó su suspicacia respecto a las acciones tomadas por el Congreso para dilatar la elección del nuevo defensor del Pueblo, luego de la salida de Walter Gutiérrez, a lo que señaló que el Parlamento estaría buscando colocar una figura a la medida de sus intereses, la cual no respaldaría a las familias afectadas por la represión ejercida durante las protestas de la jornada del 14N.