
El ministro de Trabajo, Freddy Solano, fue denunciado por el presunto uso de un certificado laboral falso para acceder a un cargo público, según reveló un reportaje de Cuarto Poder. La investigación señala que el documento formó parte del expediente que presentó para asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), puesto que exigía acreditar experiencia en cargos de dirección.
De acuerdo con el dominical, el certificado tiene fecha del 30 de noviembre de 2017 y consigna que Solano trabajó como jefe legal de la empresa Service JCU S.R.L. entre septiembre de 2016 y noviembre de 2017. Esa experiencia resultó determinante para cumplir con el perfil exigido por el Estado, que contemplaba 10 años de experiencia profesional, además de cinco años en funciones de jefatura.
Sin embargo, el gerente general de la empresa, Carlos Ubillus Urbina, remitió en junio de 2024 una comunicación al Ministerio de Trabajo en la que afirmó que el certificado no fue emitido por su compañía. Además, indicó que el logotipo, el membrete y la firma habían sido adulterados. También precisó que el documento presenta un error en la denominación de la empresa, ya que figura como "Service JCV S.R.L." cuando el nombre correcto es "Service JCU S.R.L.".
La defensa del ministro rechazó las acusaciones. Su abogada, Sara Lozano, sostuvo que Freddy Solano sí prestó servicios para la empresa en Trujillo y negó que se haya presentado documentación falsa ante el Estado. Añadió que será el Ministerio Público el que determine la autenticidad del certificado dentro de la investigación correspondiente.
El reportaje detalló que las primeras alertas sobre la documentación aparecieron en julio de 2023, cuando el área de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo detectó presuntas irregularidades en el expediente del funcionario. Meses después, la entidad solicitó información a la empresa involucrada para verificar la autenticidad del certificado laboral.
En respuesta, Carlos Ubillus Urbina envió la carta N.° 0033-2024 al ministerio. En ese documento aseguró que Freddy Solano nunca trabajó para su empresa y reiteró que el certificado presentado no corresponde a un documento oficial emitido por Service JCU S.R.L. Esa respuesta pasó a formar parte de la documentación evaluada por la administración pública.
Especialistas consultados por Cuarto Poder señalaron que, sin esa experiencia como jefe legal en el sector privado, Solano no habría cumplido con los requisitos mínimos para acceder a la jefatura de Sunafil. Ese puesto exige experiencia específica en cargos de dirección, además de trayectoria profesional en el sector público.
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Tras recibir la respuesta de la empresa en junio de 2024, el Ministerio de Trabajo demoró cerca de un año en conformar una comisión ad hoc para evaluar un posible procedimiento administrativo disciplinario. El grupo estuvo integrado por los viceministros de Trabajo y de Promoción del Empleo, además de la jefa de Recursos Humanos.
El 27 de mayo de 2026, un informe técnico concluyó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso disciplinario por la presunta falsedad del certificado. Dos días después, Freddy Solano juró como ministro de Trabajo, por lo que pasó a ser superior jerárquico de los funcionarios que participaban en la investigación.
Finalmente, el 25 de junio de 2026, un informe de la Secretaría General del ministerio declaró prescrita la potestad disciplinaria de la entidad. La decisión determinó el archivo definitivo del procedimiento administrativo al considerar que habían vencido los plazos establecidos por la normativa vigente.
La abogada Sara Lozano afirmó que su patrocinado sí prestó servicios para la empresa mencionada y rechazó que exista documentación apócrifa en los expedientes presentados ante el Estado. Según indicó, las diferencias advertidas sobre el certificado deberán ser evaluadas por la Fiscalía durante la investigación.
Antes de asumir el Ministerio de Trabajo, Freddy Solano ocupó diversos cargos en entidades públicas. Entre ellos figuran el programa Debebsar del Ministerio de Educación, la dirección ejecutiva del programa Contigo, la presidencia del directorio de Corpac y la gerencia general de Promperú.
El reportaje también recordó que esos nombramientos estuvieron acompañados de remuneraciones estatales que oscilaron entre los S/15.000 y S/19.000 mensuales. Ahora, la denuncia sobre el presunto certificado falso vuelve a colocar bajo escrutinio la documentación que presentó para acceder a esos cargos públicos.





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