La Marina y la FAP se opusieron a la amnistía política del general Velasco en 1970

La primera amnistía política de presos por razones políticas que dictó el régimen del general Juan Velasco Alvarado fue aprobada luego de intensos debates entre los jefes de los institutos militares. Algunos se oponían a la medida, que finalmente se aprobó el 22 de diciembre de 1970.

Mientras que Velasco creía que la excarcelación de dirigentes de partidos y organizaciones de izquierda aliviaría las protestas y las acciones de violencia, otros miembros de la junta militar creían que, por el contrario, representaban una amenaza para la continuidad del “gobierno revolucionario”.

Las actas de las sesiones de los Consejos de Ministros presididos por el general Velasco en el periodo de diciembre de 1970 registran tensos debates sobre la conveniencia o no de aprobar una amnistía política. Para tratar de solucionar las divergencias en el régimen castrense que se instaló mediante un golpe en octubre de 1968, Velasco instaló una comisión presidida por uno de sus hombres de mayor confianza, el entonces canciller, el general Edgardo Mercado Jarrín. Mercado opinó a favor. La sesión clave se produjo el 18 de diciembre de 1970.

En un consejo anterior, Velasco les pidió a los generales que consultaran con los altos mandos de sus respectivos institutos armados.

“El señor Ministro de Guerra general Ernesto Montagne Sánchez), informó que reunió a todos los generales de División y de Brigada (...), e invitó a los Generales a que libremente expresaran su opinión. (...) Su impresión personal es que si bien es posible que haya algunos que tengan alguna idea en contra, no lo han manifestado y en su opinión ha sido aceptada”, señala el acta.

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Sin embargo, otros expresaron una cerrada negativa a la amnistía política, al punto que Velasco estuvo a punto de cancelar la iniciativa.

“El señor Ministro de Aeronáutica (Teniente General FAP Rolando Gilardi Rodríguez) informó que reunió a los 23 generales (...), explicándoles el proyecto (de ley de amnistía política) a título informativo; 6 generales opinaron que la ley de amnistía podía ser explotada por los grupos de poder y los partidos políticos y que en el extranjero sería mal visto, siendo una nueva medida para proteger a los guerrilleros, lo que podía constituir una bandera para cualquier oficial de un Instituto Armado”, consta en el acta del Consejo de Ministros.

Había un sector que consideraba que los grandes beneficiados serían los líderes de las organizaciones guerrilleras, derrotados y apresados por los militares durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry (1963-1968). En la misma línea se pronunció la Marina.

“El señor ministro de Marina (almirante Manuel Fernández Castro) reunió a 27 almirantes, les leyó el documento y les explicó que el gobierno estaba considerando tomar esta medida. El jefe del Estado Mayor habló sobre el documento y 7 almirantes tomaron la palabra indicando que se podía considerar una debilidad del gobierno. (...) En síntesis han manifestado su preocupación que la medida representa en forma negativa en el pueblo y en el extranjero; que el Ejército decidiera ya que intervinieron directamente”, se señala en las actas.

La confrontación era evidente. Y así lo hicieron notar los ministros de la junta.

“El almirante (Luis) Vargas (Caballero, ministro de Vivienda) manifestó que en su opinión el resultado ha sido unánimemente negativo”, se indica en las actas.

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El general Juan Velasco expresó su contrariedad: “El señor Presidente indicó que si hay dos institutos (la Marina y la FAP) que no se han pronunciado abiertamente era preferible esperar otro momento y que se madure más la idea (la amnistía política)”, se consigna.

El debate estalló: “El señor ministro de Pesquería (general EP Javier Tantaleán Vanini) indicó que habiéndose avanzado a este extremo, estima que debe darse la amnistía política, eliminando a los delincuentes comunes”, se indica en las actas.

Los ministros y altos mandos acordaron que se hiciera presente el ministro del Interior, general EP Armando Artola, para conocer la posición de los tres institutos policiales. Además, Artola en ese momento encabezaba la represión de los partidos y movimientos de izquierda y de los gremios populares. Irónicamente, el general Artola, la viva imagen de la línea dura del régimen, inclinó la balanza a favor de la amnistía política.

“El general Artola manifestó que los jefes de las Fuerzas Policiales (Guardia Civil, Policía de Investigaciones del Perú y Guardia Republicana) habían expresado que la medida que tome el gobierno es aceptada por ellos, con la mayor lealtad y sin ninguna vacilación. El señor Presidente indicó que en estas circunstancias debe pronunciarse el gabinete, que estando en revolución tiene que tener problemas, lo que sirve como acicate para continuar y que sí se determina quiénes son los enemigos de la revolución se les elimina; que hay que tener algunas medidas contra algunos hombres que están en los Institutos disconformes con las metas revolucionarias. Que si sale el proyecto se vuelva a conversar con los Institutos para que no haya descontento y se decida por el sí; cada ministro debe asumir su responsabilidad en cada Instituto”, se lee. La discusión por la amnistía política dejó aflorar la existencia de enemigos internos en los propios institutos castrenses que estaban gobernando.

El general Armando Artola explicó que para cumplir con la amnistía política se debe diferenciar a los políticos de los delincuentes comunes. Las puertas de las cárceles no serían abiertas para los que cometen latrocinios, por ejemplo.

“El señor ministro del Interior (Artola) indicó que en ese aspecto todos los asaltantes de bancos no son considerados como políticos, que los delincuentes comunes por sus antecedentes deben quedarse y nadie dirá nada”, se precisa en las actas.

Finalmente, hubo acuerdo: “Se acordó someter a votación la cuestión principal, esto si se da o no la ley de amnistía, producida ésta se aprobó darla por unanimidad”, se lee en las actas,

En ese momento se habló de 72 reclusos beneficiados (ver nota aparte).

El 22 de diciembre de 1970, se publicó la amnistía política y social, el Decreto Ley N°18692.

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Más de 70 fueron amnistiados

• Según la prensa de la época, por la amnistía política y social decretada en 1970, salieron en libertad el dirigente Hugo Blanco Galdós (detenido en 1963), el líder del Ejército de Liberación Nacional, Héctor Béjar Rivera (preso desde 1966), y Ricardo Gadea y Elio Portocarrero, ambos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Todos cometieron actividades guerrilleras.
• También fueron liberados Antonio Meza, Mario Calle, Pedro Candela y Abelardo Collantes. También Cirilo Mendoza, Juan José Galindo, Adolfo Calderón, Gerardo Benavides, Omar Benavides y José Fonkén Piedra.
• Juan Suárez Moncada, vinculado con José Fonkén, y su compañero, Alfonso López Chau, también fueron parte de la excarcelación de militantes de izquierda y de movimientos sociales. A Suárez y López Chau.