
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a la fiscal Delia Espinoza, en medio de una sesión marcada por votos alineados de las bancadas oficialistas y sus aliados. Tras la decisión, Espinoza afirmó que lo ocurrido configura un uso político del juicio parlamentario y alertó sobre el poder discrecional con el que actúa el Legislativo.
"Una persecución política que ya se consumó en la mañana en un caso en el que yo no intervine para nada. La historia nos alcanza a todos tarde o temprano. Pasemos a la historia, por lo menos, decentemente, por buenas razones", sostuvo.
"El artículo 399 del Código Penal, cuando habla de aprovechamiento indebido del cargo, no solo se refiere a contratos u operaciones administrativas: se refiere a todo el ámbito en el que la administración pública despliega sus actividades. No hay funcionario que esté exento de cumplir la ley o de ser investigado por un presunto delito, o incluso ser denunciado. El juicio político también debe estar sustentado en consideraciones jurídicas, no solo en votos; si no, se convierte en la dictadura de una comisión", agregó.
La magistrada insistió en que la acusación presentada por el congresista José Cueto carece de fundamento legal y forma parte de una ofensiva parlamentaria que busca consolidar control sobre el sistema de justicia. El informe aprobado deberá ahora ser debatido y votado por el pleno, en el que la correlación de fuerzas favorece a los grupos que impulsan la inhabilitación.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe que propone inhabilitar por 10 años a Delia Espinoza. La fiscal de la Nación suspendida fue sancionada gracias al bloque que respalda al Gobierno. Aunque la medida aún debe ser confirmada por el Pleno, llegará a esa instancia con el precedente del respaldo del fujicerronismo y sus aliados, que mantienen el control numérico del Parlamento.
El documento que planteaba la inhabilitación de Espinoza fue presentado por la congresista Lady Camones (APP), quien atribuyó a la magistrada una infracción constitucional y la presunta comisión de usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Perú Libre definieron la votación en su contra, con el apoyo adicional de Renovación Popular, Acción Popular y Avanza País. Cuatro legisladores votaron en contra del informe y dos optaron por abstenerse.

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