
El ministro del Interior, general PNP (r) Vicente Tiburcio Orbezo, solicitó al jefe de la Oficina de Administración y Finanzas (OGAF), Ricardo Kanashiro Romero, que presente su renuncia al cargo debido a una serie de anomalías reportadas por la Contraloría en los procesos de adquisición de un avión de pasajeros y carga, chalecos antibalas y pistolas, entre otros.
Designado por el exministro Juan Santiváñez el 17 de julio de 2024, Kanashiro cumplió con acreditar su dimisión y el ministro Tiburcio accedió de inmediato, quien también recibió información sobre el presunto favorecimiento a determinadas empresas.
En la Resolución Ministerial, Vicente Tiburcio señala que al recibir la carta de renuncia de Kanashiro, resulta “necesario aceptarla”, debido a los hechos que a continuación se describen.
Justamente el domingo último, La República informó que el ministro Vicente Tiburcio preparaba la remoción del jefe de la OGAF al enterarse que estaba actuando al margen de las advertencias de la Contraloría.
El Embraer E175 es de uso civil, pero la Policía Nacional requiere uno de trasporte militar. Foto: difusión
Esta entidad de fiscalización descubrió la presunta orientación de la OGAF a favor de determinadas empresas en los procesos de compra, como en el caso de una aeronave de uso militar para transporte de pasajeros y carga por US$65 millones.
Pese a que la Contraloría informó al Mininter que el modelo que ofrece la empresa brasileña Embraer no corresponde a las características precisadas por el usuario, la Dirección de Aviación Policial, la OGAF nuevamente accedió a evaluar dicha aeronave.
Como publicó este diario, para descartar a los competidores, la OGAF impone argumentos sin sustento. Por ejemplo, en el anterior proceso de selección, desestimó al modelo ofrecido por la empresa italiana Leonardo, el C-27J Spartan, alegando que la empresa no había demostrado que esta máquina es capaz de despegar y aterrizar con 6,700 kilogramos en pistas ubicadas a más de 4,200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) opera cuatro de esas aeronaves Spartan sin haber reportado inconvenientes.
El modelo de chaleco antibalas seleccionado por la OGAF no cumple con los requerimientos técnicos de la PNP. Foto: Presidencia Perú
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Otra forma de direccionamiento que identificó la Contraloría es la adecuación de las bases de contratación a la oferta presentada por el proveedor con el que se tiene interés de adjudicar el proyecto de inversión. Este caso se encontró en la compra de 3 mil chalecos antibalas por US$1 millón 700 mil, aproximadamente.
“Durante la absolución de consultas, la OGAF modificó una de las condiciones previstas en las bases administrativas de la contratación internacional con relación a los plazos de fabricación del chaleco antibalas, motivando que las propuestas de otros postores sean descartadas durante la evaluación de las ofertas, situación que estaría generando cuestionamiento al trato justo e igualitario y la transparencia del procedimiento de selección”, resaltó la Contraloría.
Pero a la OGAF, bajo la jefatura de Ricardo Kanashiro Romero, no le importó y siguió adelante, adjudicando el contrato a la firma mexicana Armor Life Lab, no obstante a que su oferta fue desestimada por el Comité Técnico de la Séptima Región Policial, que es la unidad usuaria que ha requerido los chalecos antibalas.
La OGAF también desarrolló el proceso de compra de 31,045 pistolas de 9X19 mm. por alrededor de US$21.5 millones.
En las bases del concurso se indica que el ganador -cualquiera que sea- está obligado a habilitar un centro de mantenimiento para 7,000 pistolas SIG Sauer con equipos, componentes y certificación de la fábrica. Pero resulta que SIG Sauer también participa en la licitación. La preferencia por esta marca es más que evidente.
A cargo de la OGAF está otro proceso: la compra de 56 vehículos blindados multipropósito 4x4 para el uso de la Policía Nacional, que cuenta con un presupuesto aproximado a los US$21 millones.

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