
El Gobierno de Dina Boluarte, mediante un comunicado oficial del Ministerio de Justicia, se rehúsa a cumplir con la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exige suspender de inmediato el trámite del proyecto ley de amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de violación de derechos humanos en el marco de la lucha contre el terrorismo entre 1980 y 2000.
En su pronunciamiento, el Ministerio de Justicia expresó un "enérgico rechazo" a las disposiciones de la Corte IDH. Además, indicó que la decisión vulnera la soberanía nacional y contraviene el principio de subsidiariedad del sistema interamericano. Según el Gobierno, no existe base legal para que un órgano internacional intervenga sobre un proyecto que aún no ha sido aprobado. Insistió en que corresponde únicamente al Estado evaluar este tipo de iniciativas.
"El Estado peruano expresa su enérgico rechazo a las reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) La Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema", se lee.
Comunicado del Ministerio de Justicia. Foto: difusión
A pesar de su desacuerdo, el Ejecutivo confirmó que participará en la audiencia pública convocada por la Corte IDH para el 21 de agosto. En ella, los agentes del Estado peruano expondrán sus argumentos jurídicos. Sin embargo, el tono del comunicado sugiere que el Gobierno insistirá en desconocer la autoridad del tribunal si considera que esta afecta su capacidad de decisión interna.
La resolución mencionada en el comunicado fue emitida el pasado 24 de julio por la Corte IDH en el marco de la supervisión de las sentencias de los casos 'Barrios Altos' y 'La Cantuta'. En el documento se exige que se suspenda el trámite de la ley y que no sea aplicada en caso sea aprobada. La Corte advierte que el proyecto de ley podría contradecir las obligaciones internacionales asumidas por el país, al interferir en el derecho de justicia de las víctimas.
La Corte IDH alertó que el proyecto de ley, impulsado por congresistas, como el fujimorista Fernando Rospigliosi, quien horas antes del comunicado del Minjus fue elegido como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, favorece a la impunidad de militares y policías que vienen siendo investigados por cometer presuntos delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno. La medida responde a una solicitud de la representación de víctimas, que advirtió que la norma podría afectar su derecho a la justicia.
La Corte también alertó que, de aprobarse la ley, esta no debe aplicarse. El tribunal internacional recordó que el Perú está obligado a garantizar que no se adopten leyes contrarias a lo dispuesto por sus sentencias.
El proyecto de ley de amnistía fue aprobado el 10 de julio en la Comisión Permanente, en segunda votación. El Ejecutivo deberá pronunciarse en un plazo de 15 días hábiles con observaciones o promulgarla.

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