El Ministerio Público presentó su requerimiento de impedimento de salida del país por 18 meses contra Elizabeth Peralta Santur y Javier Miu Lei, luego que la medida actual venciera el pasado 9 de octubre. Mientras que el Poder Judicial programó para el próximo 17 de octubre a las 8:30 de la mañana, la audiencia correspondiente donde la Fiscalía argumentará su pedido, justificando el periodo según lo dispuesto en el artículo 34 del Código Procesal Penal, mientras dure la investigación que se les sigue al exconductor de televisión, a la fiscal de Lavado de Activos y al empresario, por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico, en agravio del Estado.
Andrés Hurtado afronta actualmente 18 meses de prisión preventiva en el Penal de Lurigancho, mientras que el Poder Judicial ordenó comparecencia con restricciones para Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei. La decisión del Juez Checkley para que el expresentador de televisión afronte el proceso de investigación tras las rejas se basó, principalmente, porque consideró que existiría un peligro procesal, ya que Hurtado Grados no cuenta con arraigo suficiente (familiar, laboral o domiciliario) que garantice su permanencia en el país y una disposición de enfrentar dicho proceso judicial.
Según el documento fiscal, al que La República tuvo acceso, la investigación en curso contra Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta se origina debido a presuntas acusaciones de tráfico de influencias y cohecho, donde la fiscal de Lavado de activos habría ofrecido "interceder influencias reales ante el Fiscal Provincial Lucio Sal y Rosas, para que Javier Miu Lei pague la cantidad de un millón de dólares" por una cantidad de oro que había sido incautada por las autoridades bajo sospecha de ser de origen ilícito.
Solicitud de la Fiscalía que solicita se declare fundado su pedido de 18 meses de impedimento de salida.
Estos señalamientos se basan en las declaraciones de los hermanos Siucho Neira, quienes se acogieron a la confesión sincera. La Fiscalía, dentro de la audiencia del pedido de prisión preventiva para los tres implicados en la investigación, señalaron que existirían pruebas que vinculan a Chibolín con la recepción de sumas de dinero de terceros hacia sus empresas a cambio de presuntos favores que él ofrecía.
Así como también, el pago de 20 mil dólares que Ivan Siucho realizó a la empresa de Andrés Hurtado Grados, para que no se le inicie investigación por Lavado de Activos en su contra, investigación que le habría sido alertada por el exconductor de televisión y Peralta Santur a través de una videollamada.
Programación de audiencia del Poder Judicial al pedido de la Fiscalía.
En declaraciones exclusivas para La República, los abogados penalistas Luis Lamas Puccio y Joel Córdova comentaron sobre las probabilidades que tendría Andrés Hurtado para afrontar su investigación en libertad.
El abogado Luis Lamas Puccio afirmó que las acciones de Andrés Hurtado no están contempladas como delitos en el Código Penal, por lo que no deberían ser objeto de sanción. Asimismo, destacó que el arraigo es un tema relevante en este caso, argumentando que la defensa apelaría a la prisión preventiva con base en que Hurtado mantiene un vínculo laboral con Panamericana Televisión, lo cual sería el principal argumento para solicitar la revocatoria de la medida cautelar.
Por otro lado, el abogado Joel Córdova discrepa y señaló que existen pocas posibilidades de que la prisión preventiva sea revocada, ya que la resolución de primera instancia fue "clara y bien fundamentada" en cuanto a los graves indicios que vinculan a Hurtado con la comisión del delito. Según Córdova, estos elementos respaldan la decisión de mantener la medida cautelar.