El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena Campana, designó a la fiscal Raquel Cárdenas Manrique nueva Coordinadora de las Fiscalías Superiores y Supraprovinciales de Derechos Humanos y del Equipo Especial de Fiscales para casos de víctimas de las protestas sociales durante los primeros días de gestión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y sus ministros de Estado.
“Designar a la abogada Raquel Janet Cárdenas Manrique, Fiscal Superior Titular Penal de Lima, Distrito Fiscal de Lima Centro, designada en el Despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, como Coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, así como Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales”, se lee en la resolución n° 046-2024-MP-FN.
En tanto, se dispone que la resolución se haga de conocimiento de la Junta Nacional de Justicia, Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, y la Coordinación del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales, Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas Contra la Criminalidad Organizada, Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos, Gerencia General, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales y la Oficina General de Potencial Humano.
Ante el avance lento de las investigaciones, la plaza de Armas del distrito de San Miguel, provincia de San Román, fue escenario del inicio de actividades conmemorativas por recodarse un año del asesinato de 18 personas en Juliaca, en el marco de las protestas por la renuncia de Dina Boluarte. Se izó una bandera a media asta y se dedicó un minuto de silencio para los fallecidos.
El presidente de la asociación de víctimas del 9 de enero, Raúl Samillán, indicó que seguirán exigiendo justicia en las calles y en los tribunales: “No vamos a parar hasta encontrar justicia. No solo se tiene que sancionar a los autores materiales, sino también a quienes avalaron los crímenes. Entre ellos, están Alberto Otárola y Dina Boluarte, y, por supuesto, los altos mandos policiales y militares”.
En diciembre del 2023, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, su primer ministro Alberto Otárola, y sus exministros César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández. Se les acusa del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca y otras víctimas de las protestas sociales.
"Anuncio que continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público", dijo en conferencia.