
Chile va a plebiscito en abril hacia una nueva Constitución: una medida que la ciudadanía movilizada desde octubre le ha arrancado al Gobierno de Piñera. “No es el metro: es salud, es educación, es pensiones, es vivienda, es el perdonazo [de impuestos] al empresario. Es la dignidad de una sociedad”, decía entonces un volante. “No son 30 pesos, son 30 años”, añadía otro sobre el pasaje del metro y la duración del modelo económico neoliberal.
La Constitución chilena, aprobada en 1980 en la dictadura, entró en vigor plenamente en 1990. Tres años después, el Perú aprobó la que hoy nos rige: ambas tienen en común el capítulo económico que subordina la nación y el Estado al mercado. Ese esquema, que incluye a las AFP, colapsó y a ello se deben las protestas que continúan en Santiago: contra la precarización de la vida y de la muerte.
El Senado chileno debatió esta semana una reforma constitucional por la paridad en el proceso constituyente, pero le faltó un voto para ser aprobada: la cuestión se dilucidará en tercera instancia antes del 6 de marzo. La comisión de Constitución de esa cámara aprobó escaños para pueblos indígenas en la Constituyente, y pasará al voto en el pleno. En Chile está variando la condición de lo inamovible.
El Perú elige ahora un Congreso que trabajará hasta julio de 2021: grandes cambios son posibles cuando hay consenso político y una ciudadanía involucrada.
Posdata: El estigma en el que insiste Carlos Morán sobre los migrantes venezolanos no es propio de un ministro.





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