A 25 años de la carta de Lima

A comienzos del siglo, en América Latina se tomó una decisión colectiva nacida del sufrimiento propio. El 11 de septiembre de 2001, en una Asamblea General extraordinaria de la OEA celebrada en Lima, 34 estados adoptaron por unanimidad la Carta Democrática Interamericana. “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de preservarla y defenderla”, sentencia su primer artículo.

La razón es que varias sociedades latinoamericanas habían vivido durante décadas las consecuencias de dictaduras. Es especialmente destacable porque la iniciativa fue propuesta de forma primigenia por el estado peruano. Y esto ocurre porque fue una decisión de esa naturaleza de Estado no de gobierno. Se empezó en el gobierno de transición del expresidente Valentín Paniagua, tras el impulso del entonces premier y exsecretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. De forma ininterrumpida, el proceso siguió y fue firmada por el expresidente Alejandro Toledo, bajo el liderazgo de su canciller -hoy columnista de esta casa editorial- Diego García-Sayán.

Sin embargo, vale la pena recordar que el origen fue motivado tras el fraude electoral del exdictador Alberto Fujimori cometido en el año 2000. Ese lamentable episodio desnudó la fragilidad de los mecanismos regionales para defender la democracia frente a un gobierno que la vaciaba desde adentro. Los peruanos lo habían sufrido en carne propia.

Y por eso el valor de la Carta representa más allá de su naturaleza jurídica. Se trata del eslabón más ambicioso de un esfuerzo colectivo que la región venía construyendo desde 1948 en el cual estados de tradiciones políticas distintas, incluso con historias de conflicto entre ellos, decidieron comprometerse públicamente con la democracia como forma irrenunciable de convivencia, proclamando por primera vez que los pueblos tienen derecho a ella y los gobiernos la obligación de defenderla. Ese consenso fue posible porque hubo una generación de líderes que entendió que ese precio no podía volver a pagarse.

A 25 años de su adopción, la Carta sigue siendo el instrumento más claro que tiene el hemisferio para defender la democracia como forma de convivencia colectiva. Si bien en la actualidad las amenazas que la motivaron adquirieron nuevas formas para someter a los pueblos, como sigue ocurriendo en Venezuela, incluso tras la intervención ordenada por el presidente Donald Trump, y en contra de la sociedad nicaragüense, el compromiso que la sostiene debe seguir permaneciendo. El estado peruano que tiene la responsabilidad histórica de seguir siendo fiel a ese legado.