Organizar y resistir, por Eliana Carlín

Los años del segundo gobierno fujimorista comenzarán con una ventaja dentro de su tradición autoritaria: la impunidad ya aprobada. El régimen congresal se encargó de blindar a las fuerzas policiales y militares antes de que asumiera el Ejecutivo. No es un detalle menor. Es la arquitectura del miedo instalada con anticipación.

En ese contexto, quienes trabajamos desde la sociedad civil enfrentaremos las condiciones más exigentes de las últimas décadas. No hablamos del mundo del voluntariado bien intencionado. Hablamos, en el sentido gramsciano del término, de un espacio de disputa: el terreno donde se construye o se erosiona la hegemonía, donde la memoria se preserva o se borra, donde el consentimiento se fabrica o se impugna. La sociedad civil es, en momentos como este, la única trinchera que no depende del Estado para existir.

El fujimorismo conoce bien ese terreno y ha sabido hacerse de aliados en dichos espacios para lograr la 'gesta' de sacar a Castillo de Palacio de Gobierno (Miguel Torres dixit). Sus antecedentes documentan estructuras paralelas destinadas a hostigar, desacreditar y, cuando fue posible, neutralizar a quienes se les opusieron. Figuras como Fernando Rospigliosi —con un historial en inteligencia— o Martha Chávez —cuya trayectoria es un manual de intolerancia institucionalizada— no son simplemente nombres en el nuevo gobierno. Son señales sobre el estilo de gestión que viene.

Frente a eso, la fiscalización sigue siendo una herramienta válida: revisar el gasto público, monitorear los procesos de contratación del Estado, ejercer el derecho de acceso a la información. Pero sería un error reducir la respuesta ciudadana a ese repertorio. La fiscalización funciona cuando el Estado tiene algún incentivo para responder. En ausencia de ese incentivo, la vigilancia sin organización es ruido.

Por eso, la pregunta más urgente no es qué fiscalizar, sino cómo organizarse para que esa fiscalización —y la propia existencia de quienes la ejercen— sea sostenible. La autoprotección colectiva es una práctica política con historia y con teoría. Charles Tilly describió los repertorios de contienda como conjuntos de acciones aprendidas, adaptadas y transmitidas entre quienes comparten un conflicto. Los movimientos que sobreviven a los ciclos represivos no son los más heroicos, sino los más inteligentes en gestionar su propia continuidad.

Eso implica varias dimensiones simultáneas. La seguridad digital protege a periodistas y activistas de una vigilancia que ya tiene antecedentes documentados. La documentación y difusión de las acciones de oposición impide que el silencio se instale como versión oficial. El cuidado de la memoria evita que reescriban la historia a la medida de quienes violaron derechos humanos. Y las redes horizontales de solidaridad son el único esquema organizativo que no puede ser decapitado con una sola detención.

Los años que vienen exigen planificación, cuidado mutuo y lucidez sobre los propios límites. Organizarse hoy, mientras todavía hay margen, es la única forma de no improvisar cuando ese margen se cierre. Y se cerrará. El fujimorismo no llegó para gobernar cinco años: llegó para instalar una década.