El dilema de la economía, por Rosa María Palacios

Si solo fuera por su propuesta económica, plasmada en un plan de gobierno que cualquiera puede revisar en votoinformado.jne.gob.pe, la propuesta de Juntos por el Perú sería muy fácil de descartar. Roberto Sánchez propone la abolición del capitalismo ("necesitamos una alternativa al capitalismo"); la estatización de todos los recursos naturales ("todos los recursos naturales que se extraen del subsuelo pertenecerán al Estado"); la gestión de todas las empresas ("el Estado reservará para la gestión directa los recursos energéticos, productivos y estratégicos para la viabilidad de la nación peruana: gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo, puertos") porque vaya uno a saber qué michi entra en la definición de "estratégico" para un estatista; desconocer todos los tratados de libre comercio, que son la plataforma más eficaz para las exportaciones peruanas ("se renegociarán los TLC y otros acuerdos comerciales"); eliminar los artículos 58, 60, 62, 63 y 66 del capítulo económico de la Constitución, es decir, el corazón de la estabilidad económica y seguridad jurídica del país, que tanta prosperidad han generado.

Con Sánchez, adiós a la iniciativa privada libre (artículo 58); no más subsidiariedad del Estado (artículo 60); se acabó la libertad de contratar, para que el Estado modifique contratos entre privados (artículo 62). Sánchez quiere abolir el principio por el cual los recursos naturales son de la nación (de la sociedad peruana) para entregarlos al Estado (en buena cuenta, al gobierno de turno). Quiere espantar la inversión extranjera (indispensable para lograr el círculo virtuoso de la economía: inversión, empleo, consumo, crecimiento, tributación, desarrollo) y desconocer la jurisdicción arbitral internacional. Y esto es solo en las primeras páginas.

El "modelo" de Sánchez parece haber sido escrito por Antauro Humala. Se parece mucho a sus proclamas en pro de la autarquía, donde el Perú, aislado del planeta, no importa nada ni exporta nada, mientras que logra una supuesta sustitución de importaciones a través de una industrialización que, por supuesto, está en manos del Estado. ¿Les suena conocido? Es la receta económica de los 12 años de dictadura militar que sufrimos con Velasco y Morales Bermúdez. Esto ya lo vivimos y ya sabemos a qué abismos puede conducir. Costó tres décadas salir de esta tragedia que, a fines del siglo XX, tenía al 60% de peruanos en la pobreza.

Pero la izquierda no aprende. "La gran transformación", el plan de gobierno del 2011 de Ollanta Humala, era una versión de lo mismo. Luego, el "Ideario Programa" de Perú Libre que Pedro Castillo presentó como plan de gobierno iba por el mismo despeñadero. Planes inviables, nefastos, nunca se ejecutaron, gracias a Dios. Pero centraron el debate en el desafío de advertir al electorado a qué crisis lo estaban conduciendo y forzaron a Humala y a Castillo a abandonarlos en la segunda vuelta y, claramente, en sus gobiernos. Pero, como a estas alturas debe saber Sánchez, no basta con decir "no soy comunista" cuando lo que propones, por escrito, te compromete (por lo menos ante el electorado de primera vuelta) y grita exactamente lo contrario. Tampoco basta que Pedro Francke, con buena fe, diga en un debate público que "no se estatizará nada" y que "se respetarán todos los contratos". Es evidente que no tienen los votos en el Congreso para hacer las barbaridades que proponen. Pero ¿si los tuvieran? ¿No es eso realmente lo que quieren hacer? No basta con decir (¿recién esta semana?) que Julio Velarde se queda. No alcanza para generar confianza.

Hasta aquí, esta noche Keiko Fujimori tiene el debate económico ganado. Basta con leer el plan de Sánchez línea por línea y explicar el desastre boliviano que nos espera. Pero la realidad tiene otros matices. El plan de gobierno de Keiko Fujimori también tiene serios problemas en su asistencialismo y explosión del gasto público. Y, lo más importante, no basta con respetar los fundamentos de una economía libre. Hay que actuar políticamente en consecuencia. En el caso de Fujimori no tenemos solo que analizar un plan, tenemos que examinar los últimos cinco años en votaciones parlamentarias. El Consejo Fiscal ha emitido todas las advertencias. Julio Velarde, como presidente del BCR, lo mismo. Este Congreso, manejado por Fuerza Popular y sus aliados, ha expandido el gasto público a niveles peligrosos y ha apuntalado a cuatro presidentes en violar todas las metas de déficit fiscal. Esto, tan negativo como la propuesta de Sánchez, tiene el agravante de que no es una promesa: es una realidad.

Fuerza Popular ha hecho en estos cinco años algo que no se hace en una economía liberal: escoger ganadores. ¿Cuándo escoges ganadores? Cuando entregas exoneraciones tributarias que no tienen ya ningún fundamento en una situación crítica: agroexportadores, peluquerías, restaurantes; cuando creas una situación de beneficio para unos y no para todos (pensiones militares, pensiones de maestros); cuando creas aparatos burocráticos gigantescos con condiciones laborales de privilegio. ¿La madre de todo este desaguisado? La iniciativa de gasto parlamentaria. Sí, esa que "su" Tribunal Constitucional le regaló al Congreso, pese a la prohibición expresa de la Constitución.

Sánchez quiere cambiar la Constitución para destruir la economía, pero, felizmente, no puede. Fujimori no necesita de reforma constitucional para hacerlo. Ya lo hizo. Tiene un TC a su servicio. Fue lo mismo con la cuestión de confianza o la vacancia por incapacidad moral permanente. Fujimori ya demostró que puede destruir instituciones fundamentales sin tocar la Constitución. Ese ya no es un límite. Le basta con controlar el TC para que este lea lo que ella necesita. Donde dice textualmente "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto" (artículo 79), el fujimorismo y el TC leen: gasta lo que te dé la gana, total "no es tu plata". Ahí está el reparto de obras en el famosito Anexo 5 del Presupuesto, como gran nido de corrupción parlamentaria.

Cómo será de escandaloso el daño económico ya hecho, que Keiko Fujimori ha ofrecido, recién esta semana, que "después de las elecciones" (precavida) va a mandar un "documento" (sic) al TC para cambiar la iniciativa de gasto del Congreso "a como era antes". Por su forma de expresarse parece que no comprende las implicancias jurídicas y económicas del déficit que han causado. Lo primero es que se requiere otra acción de inconstitucionalidad para que el TC cambie su criterio y, al hacerlo, quedará registrado su vergonzoso fallo anterior, comprometido con los intereses clientelistas del Congreso. No es, pues, un mero "documento", aunque por su forma de elaborar el pensamiento Fujimori debe creer que basta con su orden. Lo segundo es que el daño ya está hecho. Lo que le cuesta al país solo el despilfarro en pensiones militares puede ser tres puntos de déficit fiscal, según informa el Consejo Fiscal.

"Plata, hay", ha dicho Fujimori luego de ofrecer una Pensión 65 universal al 15% de la población del Perú, es decir, a más de 5 millones de adultos mayores, los que en su gran mayoría no tienen pensión de ninguna clase. ¿Esta es la responsabilidad económica que vencerá a Sánchez en el debate? ¿No son un par de irresponsables económicos los dos? Uno, promesa estatista aterradora; y la otra, realidad populista sin límites constitucionales.

Dios nos coja confesados. Son tal para cual.