Extorsión, miedo y segunda vuelta, por Diego García-Sayán

Leí con interés la precisa columna ¿Extorsión direccionada?, publicada esta semana en el periódico cajamarquino Clarín. El texto toca la médula de una de las mayores preocupaciones ciudadanas: la extorsión. Escrita por el brillante abogado y gran peruano —y amigo— Eddie Cóndor Chuquiruna, hasta hace pocas semanas cónsul honorario del Perú en Bolivia, la columna aborda el auge de la extorsión en el Perú. Ya no puede entenderse como un problema estrictamente policial, sino, sobre todo, como el reflejo más visible del deterioro institucional y político que atraviesa el país.

En vísperas de una decisiva segunda vuelta presidencial, el miedo se ha instalado como actor central de la campaña y amenaza con distorsionar el debate democrático.

La columna señala que, mientras el Estado incrementa sostenidamente el gasto en seguridad, equipa a una Policía Nacional del Perú cada vez más numerosa y endurece el discurso contra la criminalidad, la ciudadanía continúa sufriendo asesinatos diarios, amenazas y cobros ilegales que avanzan con alarmante impunidad.

La paradoja es evidente: nunca se habló tanto de seguridad y nunca la población se sintió tan desprotegida. En regiones como La Libertad, Lima Norte y otros corredores urbanos, la violencia asociada a las extorsiones alcanza niveles históricos: aumentan los homicidios, las investigaciones no prosperan y el miedo se convierte en rutina cotidiana para comerciantes, transportistas y familias enteras. Frente a ello, la respuesta oficial oscila entre la improvisación, la militarización y el espectáculo político. O, peor aún, respuestas banales y simplistas como la pena de muerte, que se sabe no ayuda a prevenir ni resolver el problema de la extorsión.

Todo esto ocurre en un contexto en el que el actual Congreso de la República del Perú ha aprobado, desde hace algunos años, una serie de normas que, por sus efectos, han sido calificadas como 'procrimen'.

Plataforma electoral

En ese entorno, ciertos sectores políticos intentan convertir la inseguridad en una plataforma de poder, presentándose como 'salvadores' dispuestos a imponer 'orden' a cualquier precio, incluso sacrificando garantías constitucionales y controles democráticos, en lugar de promover la derogación total de las leyes procrimen. Así, la criminalidad deja de ser únicamente una tragedia social para convertirse también en un instrumento de legitimación del autoritarismo.

La historia latinoamericana demuestra que los momentos de miedo colectivo suelen ser aprovechados para justificar la concentración de poder, la erosión institucional y el debilitamiento de los derechos fundamentales. En el Perú, ese riesgo se agrava debido al profundo desgaste de las instituciones.

El Congreso saliente —el del llamado 'Pacto Corrupto'— deja un balance patético, marcado por normas regresivas y procrimen. Y, en general, por una extendida sensación de impunidad que no solo alcanza a las mafias callejeras, sino también a sectores políticos responsables de debilitar sistemáticamente el sistema de justicia.

Tensión peligrosa

La segunda vuelta presidencial se desarrolla bajo esa peligrosa tensión: la ciudadanía exige seguridad inmediata, pero al mismo tiempo enfrenta el riesgo de aceptar soluciones autoritarias presentadas como 'inevitables'. El temor puede convertirse en un poderoso mecanismo de manipulación electoral. Cuando el miedo domina la política, la deliberación democrática retrocede.

Combatir la extorsión exige mucho más que discursos de fuerza. Requiere inteligencia policial, fortalecimiento fiscal y judicial, lucha frontal contra la corrupción y recuperación de la confianza ciudadana en el Estado. Pero también exige defender la democracia frente a quienes buscan convertir la inseguridad en excusa para debilitar libertades y concentrar poder.

El Perú enfrenta hoy una amenaza doble: la criminalidad organizada y la normalización del autoritarismo como respuesta. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el desafío no consiste únicamente en escoger a un gobernante, sino en impedir que el miedo —alimentado desde sectores políticos que han ejercido el poder real en los últimos años— termine decidiendo el futuro de la democracia peruana.