La destrucción de las políticas de prevención

El Perú cerró 2025 con 133 feminicidios, casi once mujeres asesinadas cada mes. Entre enero y octubre de ese mismo año, los Centros de Emergencia Mujer registraron más de 119 mil casos de violencia contra mujeres, lo que equivale a al menos tres víctimas por hora. Estas son las cifras de un país que en el último quinquenio declinó de su responsabilidad de prevención de la violencia de género como una prioridad de Estado. Y son también el contexto en el que debe leerse el hecho de que el programa Warmi Ñan y la Fiscalía de la Nación figuren entre las entidades públicas con más denuncias internas por hostigamiento sexual laboral en los últimos cinco años.

La contradicción debiera ser inaceptable. Las instituciones que el Estado construyó en algún momento y tras muchos esfuerzos para proteger a las mujeres reproducen hoy internamente las mismas lógicas de poder que tienen el mandato de combatir hacia afuera.

Esa contradicción exige una respuesta de sus principales entes ejecutores.

Al respecto, quienes impulsan la eliminación del enfoque de género en las entidades públicas normalmente encuentran aquí un argumento: si las propias instituciones de género hostigan a sus trabajadoras, el enfoque fracasó. Sin embargo, es una conclusión deshonesta. Usar la falla institucional impulsada por el copamiento institucional conservador para eliminar ese tipo de políticas es como clausurar los hospitales porque algunos médicos cometen negligencia. Los Centros de Emergencia Mujer atendieron 142 mil casos en 2024. Las mujeres que los necesitan seguirán existiendo incluso el día que el programa desaparezca.

El nuevo gobierno tiene sobre la mesa una herencia deteriorada.

Una institución que hostiga hacia adentro pierde toda autoridad para proteger hacia afuera. Esa es otra reforma que el país también necesita y los candidatos presidenciales deberían tratar en sus debates al país. No la eliminación del enfoque, sobre todo, preventivo de violencias estructurales.