El Estado deja solas a las víctimas

En Iquitos, Wilder Oblitas, un hombre de 28 años abusó de su hija de dos años en un bus. Fue finalmente condenado. El caso produce el horror que debiera producir en una sociedad que aspira si quiera a llamarse civilizada. Sin embargo hay otro horror, más frío y calculado, que llega en forma de legislación.

El 19 de noviembre de 2025, 68 congresistas votaron a favor de la Ley 32535. Fuerza Popular, acompañados de las bancadas del pacto corrupto, pusieron los votos. Pero la génesis fue Renovación Popular, que puso a la autora. Fernando Rospigliosi puso la firma. El presidente de turno sometido a quienes en verdad gobiernan guardó silencio.

La consecuencia es que el Ministerio de Educación haya derogado los lineamientos de Educación Sexual Integral (ESI) y los haya reemplazado por un documento que tanto la ONU, como la UNESCO, UNFPA y OPS rechazaron y se negaron a avalar.

Todo esto ocurre en el país donde, según los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, entre enero y setiembre de 2025 se registraron 16,120 ataques sexuales contra menores de edad, siendo aproximadamente el 90% de ellas, niñas. Ese dato es justamente la razón por la que la ESI se concibió.

Esta herencia del pacto es una educación sexual que puede mencionar el abuso pero ha perdido el lenguaje para explicar las estructuras que lo producen. En pocas palabras, es una supuesta protección que está vaciada de su capacidad de prevenir.

Pero lo más grave es que el programa continúa. El congresista Alejandro Muñante, también de Renovación Popular, está impulsando un proyecto que propone cárcel de tres a seis años para quienes denuncien violencia familiar y obtengan un archivo del caso por insuficiencia de pruebas. La comisión que lo debate la preside nada menos que Milagros Jáuregui, la misma autora que eliminó la ESI.

La evidencia debería hablar por sí sola. El Programa Warmi Ñan del MIMP documentó que en solo los primeros cuatro meses de 2025, seis mujeres asesinadas habían presentado denuncias previas contra sus agresores. En ese mismo año, el país cerró con 133 feminicidios. La respuesta de esta mayoría congresal es agregar el miedo a la cárcel al miedo al agresor.

Cada uno de estos movimientos forman un programa que consiste en eliminar el marco educativo que nombra las violencias de género, instalar el riesgo penal para quien las denuncie y desfinanciar las instituciones que las investigan. Los peruanos deben identificar a quienes sostienen esos actos y preguntarse a qué intereses sirven.