Sospechoso contratista impide votar a más de 50 mil peruanos

En medio de unos comicios accidentados, la ciudadanía ha dejado una señal clara, además de poderosa: el país participa, decide y se moviliza incluso en medio de una crisis política prolongada. Según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los peruanos acudieron masivamente a las urnas y reafirmaron el valor del derecho al sufragio como una herramienta de cambio. Sin embargo, ese compromiso cívico convive ahora con un hecho inusitado que ha moldeado este proceso con características jamás antes vistas.

La intervención de un contratista que incumplió con la entrega oportuna de material electoral que demanda la ley que afectó a más de 52.251 peruanos, en trece locales de votación en Lima Metropolitana.

Vale decir que, ante las apelaciones de fraude que, la ONPE logró que el 99.7% de mesas funcione a nivel nacional. No obstante, los retrasos en la distribución de materiales exigen a las autoridades una investigación rigurosa sobre las responsabilidades que la generaron. 

Ante este caos exacerbado por las redes sociales, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) adoptó una decisión excepcional al ampliar el horario de votación para quienes resultaron afectados, lo que habilita que por primera vez en la historia, el ejercicio del sufragio para un grupo de peruanos se realice un día después, mientras el conteo oficial avanza públicamente.

Los organismos electorales sostienen que la legitimidad del proceso se mantiene gracias a la participación ciudadana. Eso no quiere decir que ello no haya abierta una caja de Pandora que abre posibilidades a las controversias originadas por fallas logísticas.

Hoy, el 0.3% del electorado terminará de cumplir en las urnas. Corresponde a los competidores políticos respetar los resultados sin claudicar en la exigencia, también legítima, de un debido proceso para resolver esta negligencia grave en la entrega de material electoral.