Clima, lluvias y economía, por José de Echave

El mes de febrero se inició con la declaración de emergencia de 135 provincias a nivel nacional por fuertes lluvias: regiones como Ayacucho, Piura, Huancavelica, Arequipa, aparecían como las de mayor riesgo. Sin embargo, entre los territorios declarados en emergencia también figuran distritos de Ancash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua y Tumbes. Las lluvias intensas y las consecuentes inundaciones forman parte del paquete de recurrentes eventos climáticos extremos que golpean nuestro territorio.

En el Mapa de Vulnerabilidad Física que ha elaborado el Ministerio del Ambiente (MINAM), se muestra que el 46% del territorio nacional se encuentra en una situación de vulnerabilidad alta a muy alta y que el 36.2% de la población total, lo que significa 9´779,370 habitantes, ocupan esos espacios de riesgo. Por tanto, la gestión social de riesgos ante desastres y las políticas de prevención deberían ser una prioridad. El MINAM subraya que estas herramientas deberían permitir prevenir posibles zonas de mayor impacto y, al mismo tiempo, se debería corregir “la localización de los asentamientos humanos, de la infraestructura económica y social, las actividades productivas, y de los servicios básicos en zonas de riesgo, constituyéndose en un instrumento fundamental para la determinación del riesgo de una determinada comunidad”.   

Sin embargo, sostener una real política integral de prevención no ha sido una tarea sencilla en el Perú. Por ejemplo, los resultados de la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (ENAGERD), realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Riesgo de Reducción de Desastres (CENEPRED), muestra que solo el 3.5% de las entidades encuestadas (ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales, municipalidades, universidades) realizan informes o estudios de mapas de peligros. El 53.6% indicó no hacerlo y el 42.9% no respondió a la encuesta. En cuanto a los informes o estudios de análisis de vulnerabilidad, se identificó que el 21.4% de entidades sí realizaron estos informes y el 76.5% indicó no hacerlo; además, solo 2.1% no respondió a esta pregunta.

Los resultados de la ENAGERD, muestran el bajo nivel de elaboración de evaluaciones de riesgos por entidades. Si bien hay un mayor avance en cuanto a informes de vulnerabilidad, para una correcta prevención y mitigación de riesgos de desastres es necesario efectuar estimaciones de riesgos que, en realidad, es el primer proceso dentro de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Es la etapa en la que se realizan acciones y procedimientos para generar conocimiento de los peligros o las amenazas, las vulnerabilidades y los niveles de riesgo, de tal forma que sea de ayuda para la toma de decisiones en la gestión de desastres.  

Según el CENEPRED, en todo el territorio nacional, existen 8,888 puntos críticos que pueden ser afectados por huaicos, derrumbes e inundaciones: 1,485 por huaicos y derrumbes y 7,403 por inundación. Por ejemplo, la zona central del país presenta potenciales riesgos de deslizamientos, derrumbes y desprendimientos de rocas, huaycos, inundaciones, sismos superficiales, impactos por el Fenómeno de El Niño, precipitaciones intensas y hasta sequías. Esta información se confirma con la base de datos del CENEPRED, en la que Lima aparece como la zona con el mayor número de puntos críticos por huaicos y derrumbes (ver tabla) y el segundo lugar en cuanto a riesgos de inundación

El costo económico de los eventos climáticos extremos y de la improvisación

Según el Banco Mundial, durante las dos últimas décadas, 1650 millones de personas en todo el planeta fueron afectadas por inundaciones, lo que representa un aumento del 24 % respecto a décadas anteriores. Las proyecciones indican que para el año 2030, 180 millones de personas más van a ser afectadas de manera directa por inundaciones.

En la actualidad, distintos organismos, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización para el Desarrollo Económico, el Panel Intergubernamental de Científicos en Cambio Climático, entre otras instituciones y espacios de trabajo, han comenzado a proyectar los costos del cambio climático y lo cierto es que, en todos los cálculos, las cifras van en aumento. Por ejemplo, según la Global Commission on Adaptation, en todo el planeta se debería invertir no menos de US$ 1.8 billones hasta el 2030 para que los países puedan prepararse y hacer frente a los efectos del calentamiento global. Algunos de los componentes de esta inversión tienen que ver con desarrollar una mayor capacidad de alerta meteorológica con una infraestructura que permita hacer frente a eventos que serán cada vez más extremos, protección de ecosistemas, gestión del agua, agricultura en tierras secas, etc. La premisa debería ser que la prevención permite proteger a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables, la infraestructura estratégica de los países y sus sistemas productivos. Esto es, definitivamente, menos costoso que reconstruir cada cierto tiempo los graves daños que generan los eventos climáticos extremos.

Por su parte, Naciones Unidas ha advertido a los países de América Latina y el Caribe que, durante las próximas décadas, se van a reproducir con cada vez más fuerza olas de calor, inundaciones, sequías y huracanes. En el caso de América Latina, las estimaciones de los costos económicos del cambio climático se sitúan entre el 1.5% y el 5% del PBI regional y el Perú no es la excepción: por su situación geográfica y climática, la alta dotación de bienes naturales, como los bosques primarios amazónicos y en general su gran biodiversidad, lo hacen especialmente vulnerable.

Algunas proyecciones realizadas hablan de pérdidas equivalentes al 6.3% del PBI al 2030 y, si no se reacciona a tiempo, subirán a más del 20% al 2050. Según un reciente informe del Banco Mundial para el caso peruano (Banco Mundial, 2023, junio), sequías, inundaciones, deslizamientos de tierras, contaminación de fuentes de agua, ausencia de saneamiento seguro para la población, representan un costo entre US$ 8,400 millones y US$ 13,400 millones por año.    

Los eventos climáticos extremos que han golpeado buena parte del país en los últimos años, como el ciclón Yaku, el Niño Costero, la amenaza recurrente de un Fenómeno del Niño global, entre varios otros, son claros indicadores de que los escenarios de climas extremos son presente y futuro. Esto obliga a que el país se prepare con urgencia, identifique los diferentes riesgos y vulnerabilidades que se presentan a lo largo y ancho de su territorio, fortalezca instrumentos y una institucionalidad que, si bien existe, todavía muestra signos de precariedad y de poca influencia dentro del aparato del Estado y en la cadena de toma de decisiones. ¿Algún partido político ha incorporado en serio este tema en su plan de gobierno?