El presidente interino requiere consenso ciudadano

La eventual salida de José Jerí ya está en la agenda de los congresistas, quienes, hasta el cierre de esta edición, parecen haber reunido las 78 firmas necesarias para convocar al debate de la moción de vacancia presidencial. Si bien ese número habilita la discusión en el Pleno, la Constitución exige como mínimo 87 votos para aprobarla.

En ese contexto, el intercambio entre Segundo Montalvo, de Perú Libre, y Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, reflejó esa disputa. Mientras PL impulsó la convocatoria inmediata, Fuerza Popular, desde la presidencia del Congreso, sostuvo el cumplimiento del procedimiento. Lo concreto es que ambos partidos evidenciaron su capacidad de incidencia en la decisión central para la sucesión presidencial.

Asimismo, la coordinación entre las bancadas mencionadas anteriormente, junto con otras pertenecientes al pacto parlamentario que hoy concentra el control de las principales decisiones institucionales, revela una convergencia en el cálculo electoral y en la preservación del poder político en cuenta regresiva.

Esa misma decisión pudo adoptarse en octubre, es decir, hace tan solo 4 meses. Sin embargo, en ese momento, el Congreso optó por priorizar la recomposición interna que aseguró la continuidad de la Mesa Directiva. Esa elección preservó el equilibrio de poder del pacto dentro del Parlamento. Hoy, la correlación política en plena campaña impulsa la activación del debate de vacancia.

En ese sentido, los peruanos observan cómo la política parlamentaria responde a incentivos propios, más que a los escándalos que se conocen desde antes de que José Jerí asumiera la presidencia. Las bancadas buscan preservar espacios de influencia hacia el próximo proceso electoral.

En este escenario, el presidente interino que surja de este proceso requiere una base que trascienda la mera mayoría legislativa. Si bien el respaldo parlamentario otorga validez formal, el respaldo ciudadano permite sostener el proceso electoral ad portas.

Ese consenso debe expresarse en compromisos verificables y priorizados: respeto al calendario electoral, reglas estables para la competencia política y respeto a la autonomía de los organismos constitucionales. Estos acuerdos pueden constituir la base del mandato del presidente interino, quien no tendrá que dirimir en la aplicación de reformas profundas ni en leyes para las cuales no cuenta con legitimidad política.

Ese es el verdadero desafío sobre el cual la vigilancia ciudadana y la de los líderes políticos democráticos debe centrarse. El presidente interino que asuma con ese respaldo puede conducir el país hacia un proceso electoral con reglas claras. Solo sobre ese fundamento se retoma el camino de la estabilidad democrática y del desarrollo.