La trascendencia del caso Euroclear, por Sebastien Adins

A lo largo de las últimas semanas, el nombre de Euroclear no ha dejado de resonar en el debate público europeo. Poco conocida por el gran público, se trata de una de las mayores instituciones financieras del mundo –descrita a menudo como el “contador de los mercados financieros”– que se encarga de la compensación, liquidación y custodia de valores para bancos, gobiernos e inversionistas a nivel global. Con sede en Bruselas, mantiene en depósito unos €38 billones (¡con doce ceros!), entre los cuales figuran €185 000 millones en activos rusos, congelados allí por la Unión Europea (UE) desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. Mientras la UE ya ha destinado más de €3.5 mil millones en rentas acumuladas sobre dichos activos a diversos programas de ayuda financiera a Ucrania, el Estado belga ha hecho lo propio con la recaudación fiscal generada por estos ingresos.

Desde hace algún tiempo, la UE sostiene que los fondos rusos congelados solo serían devueltos una vez que Moscú pagara reparaciones a Kiev. Lo novedoso ahora es que la Comisión Europea ha buscado dar un paso adicional al avalar su confiscación de facto como base de un préstamo destinado a Ucrania. De haberse concretado, se habría tratado de una decisión sumamente perjudicial, finalmente evitada por la oposición de Bélgica e Italia durante una cumbre del jueves pasado. En su lugar, la UE optó por conceder a Ucrania un préstamo de €90 000 millones financiado mediante la emisión de deuda conjunta del bloque en los mercados de capitales. Sin embargo, el escenario de una confiscación aún no ha quedado zanjado definitivamente.

El contexto siempre importa. Como es sabido, Ucrania atraviesa crecientes dificultades en el frente y corría el riesgo de quedarse sin recursos para cubrir sus necesidades presupuestarias y militares –estimadas en €135 000 millones para 2026-2027– tras la paralización de la ayuda estadounidense bajo la administración Trump y una reducción del apoyo europeo a lo largo de este año. Entonces, si Kiev no recibía una asistencia sustancial por parte de la UE en los próximos meses, el riesgo de un colapso en el frente se volvía plausible. A ello se suman los problemas fiscales que afectan a la mayoría de los Estados miembros de la UE, agravados por el esfuerzo de financiar su rearme en línea con la nueva meta acordada en el seno de la OTAN de destinar el 5 % del PBI al gasto militar. En este escenario crítico, la opción de una confiscación resultaba, a corto plazo, políticamente más atractiva que la emisión de nueva deuda mutualizada.

Por otro lado, uno de los 28 puntos del “plan de paz” de Trump establecía que “solo” 100 000 millones de dólares de los activos rusos congelados en Occidente –de un total superior a $300 000 millones– se destinarían a la reconstrucción de Ucrania. El resto sería transferido a un fondo de inversión ruso-estadounidense, obligando además a los europeos a aportar $100 000 millones de recursos propios. En otras palabras, también la Casa Blanca ha puesto la mira en los activos custodiados en Euroclear. En ese contexto, y con el objetivo de garantizar que sea la propia UE la que determine el destino de esos fondos, el 11 de diciembre el bloque decidió invocar una “ley de emergencia” que permite mantener bloqueados los activos rusos por tiempo indefinido mediante una mayoría calificada.

Si bien la idea de una confiscación había quedado descartada durante varios años, volvió a cobrar fuerza a partir de septiembre de este año, impulsada en particular por el canciller alemán y por países tradicionalmente más alineados con Ucrania, como Polonia, los nórdicos y el Báltico. Bélgica, en cambio, se ha opuesto de manera sistemática a cualquier forma de confiscación. Su primer ministro, Bart De Wever, la ha calificado de “acto de guerra” contra Rusia y ha advertido sobre los múltiples riesgos, tanto legales como financieros, asociados a esta medida. Para De Wever resulta claro que el Banco Central ruso, tarde o temprano, exigiría una indemnización al Estado belga, en su calidad de garante local, a través de un arbitraje internacional. A ello se suma la advertencia de Moscú de que una eventual confiscación “traería consecuencias eternas”, un escenario que generaba comprensible inquietud en un país altamente endeudado y, además, dotado de una considerable infraestructura crítica, tanto nacional como vinculada a la UE, la OTAN y el sistema SWIFT. Dado que los activos rusos congelados en Euroclear equivalen a cerca del 30 % del PIB anual del reino, Bélgica exigió un compromiso formal del resto de los Estados miembros para compartir plenamente los riesgos, así como garantías de seguridad jurídica total antes de avalar cualquier nueva medida. Inicialmente aislado –y hasta tildado de “aliado de Putin”–, esta semana logró obtener el respaldo de otros países, entre ellos Italia, e inclinar la balanza del bloque hacia la mutualización de deuda. No es habitual que un Estado miembro menor se imponga frente al eje Berlín–París–Varsovia.

Ahora bien, ¿en qué radica la importancia global de este caso? Primero, si bien el congelamiento de activos soberanos ha sido común en épocas recientes, raramente se avanzó hacia una confiscación de los mismos. Ni siquiera ocurrió con los activos nazis durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque vulnera el principio de la inmunidad soberana. Por otro lado, resulta preocupante que una institución financiera tan esencial –llamada a mantener una estricta neutralidad política– haya sido presionada para liberar activos soberanos, poniendo en riesgo no solo su solvencia, sino también la estabilidad financiera de la eurozona. Recientemente, el mismo Banco Central Europeo aún advirtió sobre un posible debilitamiento del euro como moneda de reserva o posibles salidas de capital.

Más allá de sus implicancias jurídicas, una eventual confiscación supondría un golpe a la confianza en el sistema financiero occidental, especialmente entre países como China o los Estados del Golfo, ya críticos frente a la “armarización” del dólar y del sistema SWIFT, y que exploran activamente alternativas como la acumulación de oro por parte de sus bancos centrales o el uso de depósitos de valores propios. Por último, mantener los activos rusos congelados constituye una de las pocas palancas de la UE frente a Washington y Moscú, justo en un contexto de renovadas negociaciones de paz. En ese sentido, el solo hecho de haber considerado seriamente la confiscación de activos soberanos ya ha erosionado la credibilidad europea, al sugerir que el respeto a la propiedad es contingente, lo que debilita su imagen como defensora del multilateralismo y de un orden internacional “basado en reglas”. En un momento en que incluso su histórico aliado tiende a subestimar al bloque, este cortoplacismo no hace sino debilitar su proyección global.