Hablar en silencio cuando se trata de empresas chinas, por Marianella Ledesma

¿Qué poder tienen las empresas chinas para silenciar a los congresistas? Digo esto porque en el Congreso se creó una Comisión Investigadora Multipartidaria para investigar las irregularidades en las licitaciones y obras realizadas por las empresas chinas en los gobiernos de Merino, Vizcarra, Sagasti y Castillo (2018-2022). 

Su labor concluyó en el 2023 con el informe que detalla las irregularidades en las contrataciones. Dicho informe se puso en agenda hasta en 26 ocasiones, sin lograr que se produzca la discusión en el Pleno del Congreso: ¡qué tal poder!  

Cuando ya se había iniciado el debate, este se interrumpió porque la bancada de Fuerza Popular, en mayo del 2024, solicitó un cuarto intermedio que paralizó la discusión del documento durante meses. ¡qué tal poder!

Esta inacción legislativa persistió hasta que investigaciones periodísticas revelaron un presunto conflicto de intereses: José Jerí —miembro titular de la Comisión de Fiscalización— habría estado vinculado a gestiones de lobby en favor de las empresas chinas bajo sospecha.

A todo ello se agrega que hace unos días el Congreso acordó que el debate del informe se haga en reserva, en secreto, evitando su publicidad. El voto de Fuerza Popular fue determinante para esa decisión: ¡qué tal poder!  

El informe recomienda, por la gravedad de los hechos que se acreditan (una vez aprobado por el Pleno del Congreso), que sea remitido al Ministerio Público para que inicie las acciones penales correspondientes, pero, mientras no se realice el debate, todo seguirá igual: nadie será acusado; por ello hay un interés de hacer larga esta historia y mejor aún, si el olvido llega: ¡qué tal poder!

Esto ha provocado que estas empresas chinas, al no tener sanciones, continúen contratando con el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura, pese a que “las obras en las que trabajaron fueron, en su mayoría, abandonadas y, a pesar de recibir del erario nacional un adelanto financiero para pagar a las micro y pequeñas empresas, al final no les pagaron”, dice Héctor Valer, presidente de la Comisión Investigadora.

Los informes y las sesiones de las citadas comisiones se rigen por un equilibrio entre la transparencia pública y la reserva necesaria para el éxito de la investigación. El debate del informe final en el Pleno suele ser público, salvo que el tema específico (por seguridad nacional u otros motivos sensibles) requiera una sesión reservada o se trate de “empresas chinas”, ha dicho este Congreso: ¡qué tal poder!

Poder sin retorno

Todo lo narrado sucede bajo el escenario de la democracia representativa. Elegimos, periódicamente, cada cinco años a nuestros representantes -llamados congresistas- para que legislen y fiscalicen. Esas son las dos tareas que tienen encomendado realizar por la voluntad popular, tal como señala el art. 97 de la Constitución.

La actividad de los congresistas forma parte de la función pública que realizan, pero el poder que se entrega a quienes nos van a representar es un poder sin retorno, esto qué significa, que el congresista elegido no da cuenta de su actuación a sus electores, a los ciudadanos, a sus representados; ejerce un poder por cinco años del cual no hay rendición de cuentas ni la posibilidad de ser retirado o renovado en el cargo en periodos más cortos, como podría ser la renovación por tercios o mitades del Congreso.

Esa fórmula debió ser analizada como un contrapeso a la reelección congresal; de tal manera que si se viabiliza la posibilidad de la reelección también se viabilice la renovación del congreso por periodos más cortos y no por los cinco años. ¿Esa reforma será posible lograrla? Definitivamente no, pues, los llamados a realizarla, los congresistas, son los menos interesados en promoverla: ¿Quién pone el cascabel al gato? Ese es el gran tema, y la tarea pendiente dentro del paquete de reformas constitucionales en el ejercicio político. Mientras no se dé ese cambio, seguirán atando al elector a mantener el statu quo de un modelo de representación, que recibe y no da cuenta de su gestión; el elector elige y tiene que asumir el peso de su elección por un largo periodo, sin que existan mecanismos para desatar lo elegido, como sí ocurriría con la renovación parcial del congreso.

Hablar a media voz

La vinculación del gobierno con las empresas chinas en contrataciones no es una novedad; como diría Héctor Lavoe, es periódico de ayer, que tomó vida, luego de descubrirse las reuniones clandestinas que sostuviera Jerí (encargado de la presidencia de la República) con contratistas chinos; además para el propio Jerí, no era una novedad, pues, él participó en la comisión investigadora como vicepresidente; tal vez ello explique el uso de capuchas o lentes oscuros para evitar ser identificado en sus reuniones clandestinas. 

El Congreso ha decidido llevar el debate del informe de la comisión investigadora en reserva, en secreto, sin publicidad, buscando evitar que se difundan los alcances de la investigación, a pesar de tratarse de temas de interés general: ¡qué tal poder!

La transparencia pública es un valor constitucional que se sostiene en el mandato de la propia Constitución (art.2.5) y la ley 27806, que obliga a las entidades públicas, como regla general, a hacer pública toda la información, salvo excepciones. Se presume que toda información en poder del Estado es pública, y ello es determinante, pues, la publicidad es una herramienta constitucional para la lucha contra la corrupción. Es deber de los funcionarios visibilizar sus actuaciones y rendir cuentas de su labor y del uso de recursos públicos; la accountability es necesaria para generar confianza y legitimidad social en su labor, sin embargo, nada de ello aparece en la práctica congresal, si de por medio priman los intereses de las empresas chinas.

Hay congresistas que se atreven a proclamar a viva voz la lucha contra la corrupción, sin embargo, invisibilizan la participación ciudadana. La información transparente facilita que la ciudadanía controle, fiscalice y participe activamente en la gestión pública; y en el caso concreto del Congreso, esto es, fiscalizar a los fiscalizadores.

La transparencia es una herramienta para prevenir y reducir actos de corrupción. La jurisprudencia del TC ha considerado que la transparencia y el acceso a la información pública son derechos fundamentales esenciales para la democracia y la lucha contra la corrupción.

No se puede servir a dos señores: luchar contra la corrupción y limitar la transparencia en el desarrollo de su labor congresal. El silencio cómplice de la clase política, lamentablemente, nos sigue acompañando.

En estas próximas elecciones nacionales, debemos asumir el deber ciudadano de desterrar del escenario político a los partidos-empresas que conviven tolerando la corrupción. No se trata de cambiar figuritas, con nuevos rostros, bajo el mismo patrocinio partidario; se trata de trabajar en el cambio de la estructura política que dé soporte a esos nuevos rostros, pues de nada servirá retirar el fruto malogrado, si la cesta que lo almacena está impregnada de corrupción. 

Cambiemos la cesta y no el fruto que es acogido en ella. Asumamos con convicción esa tarea, con nuestro voto. Como dijera Gonzales Prada, “basta del pacto infame de hablar a media voz”, de seguir tolerando y protegiendo lo irregular, de seguir prefiriendo el silencio cómplice ante los problemas nacionales y la corrupción.