Pedro Grández: las empresas, la democracia y el bien común

Pedro P. Grández Castro, Constitucionalista – Profesor universitario

Esta semana concluyó un nuevo encuentro de los principales ejecutivos de las empresas que operan en el país. Como es habitual, asistieron también autoridades del Gobierno —encabezadas por el propio presidente en funciones, ministros y algunos de los candidatos para las próximas elecciones—. Más allá de los discursos protocolarios, el evento ofrece una aproximación a la visión que la llamada clase empresarial proyecta sobre el país.

Aunque en los encuentros de este tipo se suelen repetir lugares comunes —“sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay empleo”—, en esta ocasión el tema ineludible fue la seguridad. El presidente Jerí, en su discurso inaugural, anunció que «el presupuesto 2026 será repriorizado, descentralizado y enfocado en la seguridad ciudadana». Por su parte, el anfitrión, Gonzalo Galdós, propuso como objetivo de la reunión, “una agenda compartida para recuperar la seguridad, fortalecer el Estado y reactivar la inversión”.

Sin embargo, la gran ausente sigue siendo una visión estratégica de país, una reflexión sobre las responsabilidades y compromisos del empresariado en defensa de la institucionalidad y el bien común, muchas veces sacrificados en nombre del desarrollo, la desregulación o de la eliminación de las denominadas trabas burocráticas —expresión que con la que se suele referir a cualquier forma de fiscalización o control estatal—.

Desde Lima, la preocupación dominante de estos días es sin duda la seguridad y la extorsión; pero en el interior, las urgencias son otras. En los bosques y ríos de la Amazonía, así como en los bofedales y cuencas andinas, los impactos de la actividad extractiva sin control ni límites son devastadores. El número de conflictos sociales activos según la Defensoría del pueblo, sigue creciendo y el detonante sigue siendo un empresariado que impone sus exigencias frente a un poder político incapaz de hacer respetar la ley o, peor aun, que deja que las empresas den sus propias leyes renunciando a los controles mínimos.  ¿Existe espacio en los encuentros empresariales como la CADE para reflexionar sobre este modelo autodestructivo de gobernanza? ¿son conscientes los empresarios que han venido echando demasiado carbón a una hoguera que puede explotar en cualquier momento?

De acuerdo con el portal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a julio de 2025, las empresas de los sectores minero e hidrocarburos acumulaban más de 15 000 infracciones ambientales, lo que representa más del 60 % del total de infracciones impuestas por dicha agencia estatal. Asimismo, un informe de Convoca de finales de 2024, titulado Los negocios de la impunidad ambiental, documenta el incumplimiento sistemático de las sanciones impuestas a estas empresas. Muchas de ellas prolongan litigios para postergar el pago de multas o se benefician de normas permisivas promovidas, como la Ley 30230, que —según el informe— impidió al Estado cobrar más de 70 millones de soles en sanciones ambientales.

La responsabilidad empresarial respecto al cumplimiento de normas ambientales y, en general, frente a la institucionalidad y los derechos humanos, ha sido objeto de extensos debates. En el ámbito internacional, el documento de referencia son los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2011. Estos principios proponen una hoja de ruta basada en tres pilares: (i) que el Estado no renuncie a su deber de proteger y garantizar los derechos frente a la actuación empresarial; (ii) que las empresas respeten los estándares de derechos humanos en sus procesos de gestión interna; y, (iii) que existan mecanismos eficaces de debida diligencia y reparación ante eventuales impactos producidos.

Su autor, John Ruggie, politólogo de la Universidad de Harvard, los definió como una estrategia para construir un ecosistema normativo global favorable a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Ruggie visitó Cajamarca en 2006 y observó de cerca los primeros conflictos en torno a la minera Yanacocha. En su libro ¿Solamente negocios? (2014, p. 13), recuerda las declaraciones de uno de los socios del proyecto, quien al ser consultado sobre la licencia social habría declarado: «Odio el término licencia social. No entiendo qué significa licencia social... La licencia me la tienen que dar las autoridades... No espero que me la dé la comunidad».

Las empresas, sin duda, tienen mucho que aportar al desarrollo nacional, pero también mucho que transparentar en sus vínculos con el poder político. Sería deseable que las opiniones del empresariado minero sobre la licencia social hayan evolucionado; sin embargo, los datos revelan que la impunidad frente a la responsabilidad ambiental y los derechos de las comunidades indígenas sigue siendo alarmante.

La CADE 2025 muestra cuáles son las prioridades de la agenda empresarial. Ojalá que al menos algunos de los políticos que aspiran a dirigir el país incorporen entre sus prioridades el rol de las corporaciones empresariales y de las agencias estatales en la defensa del espacio común de convivencia, que debe incluir la protección efectiva del medio ambiente y los recursos naturales como bienes de todos y no solo como un objeto de explotación irracional por parte de las empresas.

Es legítimo que las empresas busquen el lucro y la creación de riqueza —esa es su razón institucional—, pero en la consecución de esos fines no pueden ignorar el respeto a la ley, los derechos fundamentales o la institucionalidad democrática. Solo con liderazgos orientados al bien común y al fortalecimiento del Estado de Derecho será posible reconstruir un modelo de gobernanza verdaderamente inclusivo y sostenible también para las propias organizaciones empresariales.