Hola, Soledad, vieja amiga: La situación del adulto mayor en el Perú, por Javier Herrera

El aumento de la esperanza de vida y la caída de la fecundidad han transformado profundamente la composición demográfica del país. En las últimas cuatro décadas, la proporción de adultos mayores (65 años y más) casi se duplicó, pasando de 6.8% a 12.1%. Este envejecimiento suscita una preocupación legítima por el fin del bono demográfico previsto para 2045, cuando la población en edad de trabajar (14-64 años) dejará de superar a la inactiva dependiente. A partir de entonces, cada trabajador deberá sostener a un número creciente de dependientes, principalmente adultos mayores. En 2004 había 9.5 trabajadores por cada adulto mayor; hoy hay solo 5.5. Es una transformación silenciosa pero irreversible que redefine las bases del crecimiento, la política social y las relaciones familiares.

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Este cambio plantea desafíos profundos para los cuales el país no está preparado. El primero es la presión sobre el sistema de salud. El envejecimiento se acompaña de un cambio en el perfil de morbilidad, con predominio de enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados y costosos. La infraestructura sanitaria sigue orientada a la atención aguda y no a la gestión de la cronicidad, lo que eleva los costos y reduce la calidad de vida.

La transformación demográfica también tiene consecuencias sociales. Muchos adultos mayores dependían de la solidaridad familiar intergeneracional: eran acogidos en casas de sus hijos o yernos y se beneficiaban de los ingresos de la familia extendida. Esa práctica se ha reducido drásticamente en las dos últimas décadas, a medida que la urbanización, el empleo precario y los hogares unipersonales se expanden. En ese lapso, la proporción de adultos mayores que vive con sus hijos o yernos/nueras bajó de 14.2% a 11.7%, mientras que quienes viven solos aumentaron de 9.7% a 15.1%.

Más allá de la falta de apoyo económico, la soledad provoca aislamiento y deterioro de la salud mental, con cuadros de ansiedad y depresión cada vez más frecuentes. Para los ancianos, como en el bolero de Rolando Laserie, la soledad es una vieja y fiel amiga. La pérdida de autonomía, las enfermedades crónicas, el abandono y la sensación de no ser útiles se conjugan en detrimento de su salud mental: según la ENDES 2024, el 11.9% de los adultos mayores tuvo un episodio depresivo en los últimos 12 meses. El país envejece, pero no madura en su respuesta a este proceso. La solidaridad familiar también se expresa en transferencias económicas entre hogares, pero estas son regresivas: los adultos mayores más pobres reciben proporcionalmente menos que los más ricos.

El segundo desafío está en el sistema de pensiones. En 2024, según la ENAHO, dada la elevada informalidad, casi dos tercios (64.9%) de los ocupados no cotizan a ningún sistema previsional y ninguno podrá contar con una pensión. El retiro de fondos de las AFP para consumo o pago de deudas ha dejado a decenas de miles de asalariados formales sin ingresos para su vejez. Casi tres de cada cuatro (73.6%) adultos mayores no recibe jubilación y depende enteramente de otras fuentes de ingresos, sobre todo de la solidaridad familiar.  La falta de pensiones contributivas, los bajos montos del sistema público (entre S/600 y S/893), la informalidad —que abarca a siete de cada diez trabajadores— y la limitada cobertura de Pensión 65 obligan a seguir trabajando a más de la mitad (52.8%) de los adultos mayores. Uno de cada cuatro (26.3%) recibió transferencias de otros hogares y un tercio (35.6%) de Pensión 65.

Jubilarse, para ellos, es un lujo, pero trabajar no resuelve el problema. El ingreso promedio por trabajo es de S/1.066, un 44% inferior al del resto de trabajadores. En seis de cada diez casos no alcanza para cubrir la canasta mínima. Las brechas de pobreza se ampliaron: en 2004 el porcentaje de trabajadores adultos mayores pobres era 1.3 veces el promedio nacional; en 2024, 1.6 veces. Ocho de cada diez (81.4%) labora en la informalidad (75.6% en zonas urbanas y 97.8% en rurales). En las ciudades, más de la mitad son independientes y un tercio trabaja en servicios o comercio; en el campo, casi nueve de cada diez lo hacen en agricultura. En promedio, los adultos mayores ocupados trabajan 380 horas al mes, apenas 21% menos que el resto. Su esfuerzo sostiene a familias enteras y contribuye a la economía, pero sin la protección ni el reconocimiento que merecen.

En 2011 el MIDIS creó el programa Pensión 65, que entrega una transferencia monetaria directa y sin exigir cumplir condiciones a adultos mayores de 65 años sin pensión en hogares de pobreza extrema. Aunque indispensable, el monto bimensual de S/250 (desde agosto se añade un bono adicional de S/100 bimensuales) está por debajo del costo de la canasta básica, insuficiente para garantizar una vejez digna. Aunque la cobertura mejoró, sigue siendo limitada, especialmente en zonas urbanas, donde el MIDIS enfrenta mayores dificultades para identificar hogares pobres y atenderlos sostenidamente.

Tras mantenerse estable entre 2017 y 2021, en 2024 gracias a mayores asignaciones presupuestales, el número de usuarios de Pensión 65 creció 31% (de 632,612 a 831,851), para luego descender en 2025 (824,351 usuarios en octubre). A nivel nacional, el 65.1% de los pobres extremos recibe esta transferencia, dejando a un tercio aún excluido. Los niveles de exclusión son más altos en las ciudades (44.4%) que en el área rural (30.1%).

Para ser beneficiario hay que cumplir varias condiciones: tener más de 65 años, no recibir pensión, contar con DNI y pertenecer a un hogar clasificado como pobre extremo según la fórmula del SISFOH. Este algoritmo, que funciona como filtro excluyente, tiene muchas fallas y ya no refleja la realidad de los hogares. Clasifica primero al hogar, por lo que si un adulto mayor vive con familiares que poseen un vehículo o registran alto consumo eléctrico, se le negará el acceso, aunque el adulto mayor carezca de recursos propios o enfrente gastos médicos altos.

Por eso se multiplican los reclamos por bajas injustificadas y rechazos de inscripción. El MIDIS está replanteando sus instrumentos de focalización, lo que podría mejorar su precisión, pero ello dependerá de la voluntad política y de los recursos destinados a la lucha contra la pobreza, hoy ausentes en la agenda de un gobierno más preocupado por su supervivencia que por la de sus ciudadanos más vulnerables.

Más de la mitad (56.3%) de los beneficiarios de Pensión 65 sigue trabajando, frente al 41.9% de quienes no la reciben; incluso el 35.8% de los mayores de 70 años continúa laborando. En el campo, la tasa de ocupación de los adultos mayores (75.1%) duplica la urbana (38.7%). Recibir Pensión 65 no es un incentivo para dejar de trabajar: el monto es tan bajo que apenas complementa los ingresos. Actualmente no es una pensión no contributiva suficiente para jubilados inactivos, sino un paliativo para trabajadores pobres.

La agenda prioritaria es ampliar la cobertura y los montos de Pensión 65, priorizar a los adultos mayores sin recursos propios, mejorar la focalización urbana y avanzar hacia un ingreso mínimo universal. No debemos esperar el Día del Abuelo o el 1 de noviembre para recordarlos. La política social hacia el adulto mayor no es llevar flores una vez al año, sino ofrecer cuidado y dignidad en vida. Cada día cuenta.