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Opinión

Día del periodista: nada que celebrar

La libertad de expresión en el Perú sufre una sistemática coacción desde el poder. 

Editorial
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El Perú figura entre los que más han retrocedido en los rankings internacionales de libertad de prensa. Dicho retroceso es tan solo un síntoma inequívoco de la erosión democrática y de la consolidación de un poder político autoritario que percibe al periodismo independiente como un adversario a neutralizar.

Al respecto, vale recordar a quienes detentan cargos de autoridad política y leen estas líneas que la libertad de prensa es la manifestación concreta de la libertad de expresión y, en consecuencia, un derecho ciudadano. Golpear, escupir, silenciar o intimidar a un periodista equivale a mutilar el derecho colectivo de la sociedad a estar informada. Esa noción elemental parece haber sido borrada del horizonte que regenta el país.

Los ataques han adquirido múltiples formas. Desde la cúspide del poder político, la presidenta Dina Boluarte ha convertido el descrédito hacia la prensa en un mecanismo recurrente de defensa. En el Congreso, figuras como Héctor Valer han llevado la hostilidad al extremo de la afrenta física, llegando incluso a escupir a periodistas en Puno. Y en el ámbito local, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha sumado a este patrón de agresiones con ataques verbales y campañas de estigmatización contra reporteros críticos de su gestión.

A ello se suma la violencia en las calles. Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de más de 90 casos de agresiones en protestas recientes, al menos 16 de ellas las han sufrido directamente periodistas. Dichos reportes documentan un patrón de represión que se aleja al mandato constitucional de controlar el orden interno. Al contrario, no lo distingue.

Al mismo tiempo, se han registrado amenazas digitales abiertas contra la integridad física de periodistas y prácticas tan graves como la suplantación de identidad para bloquear sus líneas telefónicas. Todo ello ocurre siempre después de publicar investigaciones que comprometen a personajes cercanos al poder con presuntas actividades ilícitas. Estas prácticas, propias de regímenes que buscan el silenciamiento sistemático, configuran un cuadro de persecución contra quienes ejercen una labor esencial para la vida pública en sociedades libres.

En este Día del Periodista, el gremio no tiene nada que celebrar. Lo que corresponde —en los momentos duros actuales— es reafirmar que sin periodistas libres no hay ciudadanía informada; y sin ciudadanía informada, lo único que prospera es un poder impune, autoritario y dispuesto a imponer su narrativa a costa de la verdad.

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