Informalidad económica e ilegitimidad política: una combinación fatal por Efraín Gonzales de Olarte

El Perú ha llegado a una situación insólita y peligrosa: la combinación de una fuerza laboral informal en un 70% del total y una ilegitimidad política del 95%. Por un lado, tenemos una inmensa cantidad de trabajadores con escasos derechos socioeconómicos y con bajas productividades que les reportan bajos ingresos y los mantienen al borde de la pobreza.

Su desarrollo humano —mejorar sus condiciones de vida y acceso a servicios públicos— es un anhelo inherente a su precaria condición. Es obvio que, ante la posibilidad de un cambio de gobierno, estos informales probablemente tengan expectativas de mejora de sus niveles de vida, siempre que el próximo gobierno pudiera dar mejor educación, salud y seguridad, y tuviera una política económica que genere empleo, que promueva una mayor inversión privada y pública; es decir, que dé esperanza de la posibilidad de crecimiento con redistribución. El problema es que un escenario así en el Perú de 2026 es improbable.

La razón es que el gobierno y el Congreso actual —cuyas legitimidades apenas llegan al 5%, según todas las encuestas— han hecho todo lo posible para que el próximo gobierno sea probablemente peor y, lo más preocupante, han generado un marco legal que favorece la ilegalidad, la violencia social y la corrupción. Es decir, han creado un contexto social que está tornando arriesgado vivir en el Perú.

Lo curioso es que esta crisis moral tan grande y tanta incompetencia del gobierno no afectan el desempeño económico, pues la economía crece dentro del modelo primario-exportador y de servicios, y bajo las reglas neoliberales; lo que, obviamente, no reduce la informalidad ni las desigualdades. Esta es la razón por la que, pese a todas las tropelías legales y morales de, sobre todo, el Congreso, la gente sigue haciendo su vida, aunque sin mucha esperanza de cambio.

A esto hay que incorporar la imparable violencia promovida por las bandas delincuenciales, los mineros ilegales y los funcionarios corruptos, que ha convertido al Perú en un país catalogado entre los más peligrosos del mundo. Frente a tan crítica coyuntura, el gobierno no solo no es capaz de confrontar dicha violencia, sino que la provoca en consonancia con el Congreso. Este es otro frente al cual deberá acometer el próximo gobierno.

Es en este ambiente deprimente que se llevarán a cabo las próximas elecciones. La pregunta es: ¿por quién votar? O, mejor dicho, ¿por quién votarían los informales? Hay dos posibles respuestas:

1. Votar por alguien que promueva la formalización; es decir, que impulse un proceso de cambio económico e institucional para lograr incorporar a esta fuerza laboral no solo en la SUNAT (pagar tributos) y en la SUNAFIL (tener registro laboral). Votar por esta posibilidad sería equivalente a votar por un verdadero cambio.
2. Votar por alguno de los 43 “partidos, movimientos o simplemente asociaciones con fines de medrar del Estado”, varios de los cuales entran en la definición de organizaciones informales, tanto por la forma como se inscribieron como por su poca transparencia legal e institucional.

Es probable que, dada la atomización electoral existente, esta sea la intención del voto informal, no solo porque la informalidad laboral se refleja en la informalidad del 90% de estos “partidos y movimientos electoreros”, sino también porque no hay razones estadísticas para creer que un partido o movimiento pro formalización pueda ganar las elecciones. En cierta medida, la informalidad atomiza la intención de voto justamente porque los informales no tienen arraigo ni político ni institucional (no hay sindicatos de informales), ni tienen líderes.

Esto significaría que, después de las elecciones de 2026, tendremos la misma informalidad, o quizás mayor, y el gobierno que venga tendrá la misma ilegitimidad que el actual. La economía seguirá su curso, dependiente de factores exógenos (precios de las exportaciones primarias, de la agroexportación y de la evolución de la coyuntura internacional, tan volátil hoy), y el Estado seguirá funcionando de manera inercial.

La mediocridad de los políticos, la medianía de los trabajadores informales y las normas legales vigentes (incluida la Constitución, modificada en un 29%) no permiten avizorar un mejor futuro para los peruanos ni para el Perú. Ojalá me equivoque.