El INPE debe proteger la vida

El hacinamiento penitenciario en el Perú es un problema público. Con más de 90 mil internos en penales diseñados para poco más de 40 mil, la sobrepoblación convierte la privación de libertad en una condena que desborda lo legal y lo humano.

En ese escenario, la huelga de hambre reaparece como un recurso extremo.

La medida adoptada por la ex primera ministra Betssy Chávez, quien cumple prisión preventiva en el marco del proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, ha puesto nuevamente en debate las carencias del sistema penitenciario. Lamentablemente, su protesta —centrada en denuncias de amenazas, hostigamientos y la exigencia de condiciones mínimas de seguridad— es parte de un patrón recurrente.

Quien fuera ministra del gobierno de Pedro Castillo denuncia que existiría una mafia, integrada por funcionarios penitenciarios y reclusas del grupo terrorista, que la acosa y amenaza en el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, sin que las autoridades hagan algo por ella. Chávez pide que ella y otras dos reclusas, que serían testigos de las actividades ilícitas, sean trasladadas al penal Virgen de Fátima.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sido enfática en calificar el hacinamiento carcelario como una violación grave de los derechos humanos. Es más, desde el 2006, dicha instancia supranacional obliga al Estado peruano a garantizar condiciones mínimas de integridad para los reos, de los cuales al menos el 30% no cuenta con sentencia.

No solo está pendiente una reforma penitenciaria integral —anunciada durante años y nunca ejecutada—, sino también una respuesta inmediata del gobierno frente a este caso de relevancia política. En ese marco, Juan José Santiváñez, como titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, debe responder sobre el maltrato que denuncia Chávez.

Los peruanos han visto cómo su primera reunión pública, luego de que la presidenta Dina Boluarte lo reincorporara de manera burlesca a su gabinete, ha sido con el jefe del INPE, Emilio Paredes. Si tras esa cercanía expuesta como señal de poder e intimidación ocurre algo con los presos opositores al gobierno, la responsabilidad no podrá eludirse.