El zafarrancho político electoral peruano, por Rudecindo Vega Carreazo

El proceso electoral peruano no deja de sorprender: las reglas políticas electorales no están definidas, más allá de idas y vueltas de los partidos políticos y candidatos, sus alianzas o divisiones. Hay proyectos legislativos pendientes de aprobación, decisiones del JNE que marcarán el derrotero electoral, resoluciones judiciales que enmiendan al JNE y otras decisiones normativas, administrativas y jurisdiccionales que pueden socavar institucionalmente el proceso desde cualquier lado. El proceso electoral peruano actual es un enigma; las reglas de su realización pueden ser cambiadas desde cualquier institución.

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Las dos reglas de oro de toda elección ya no existen: no modificar las reglas desde que las elecciones son convocadas es una ilusión; y la disposición constitucional de que las resoluciones del JNE son inapelables o última palabra no es creída ni defendida ni siquiera por el mismo JNE. Nuestras elecciones para presidente, senadores, diputados y Parlamento Andino padecen una peligrosa inestabilidad normativa e institucional, política y electoral. Esa inestabilidad jurídica la produce la mafia gubernamental desde el Congreso y el Ejecutivo, el sistema de justicia y el sistema electoral. En Perú no existe un debido proceso electoral; no es un juego limpio. Los futuros resultados electorales están manchados. Esa turbiedad la producen las propias instituciones estatales y electorales.

El Congreso ha aprobado muchas leyes de deformación constitucional y legal del régimen político-electoral; las diez últimas, luego de cerradas las inscripciones para candidatos: siete modifican la Ley de Elecciones, dos la de Organizaciones Políticas y una la del RENIEC. Ley 32166, para ampliar locales de votación, el horario de la jornada electoral y promover el sufragio de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional; Ley 32231, que otorga incentivos a los miembros de mesa; Ley 32237, para fortalecer el derecho a la identidad; Ley 32243, para optimizar la transparencia de resultados electorales; Ley 32245, para representantes al Parlamento Andino y adecuar la normativa electoral al modelo bicameral del Congreso; Ley 32254, que restituye el financiamiento privado de personas jurídicas y el empleo del financiamiento público; Ley 32264, para la simplificación del desarrollo de las elecciones; Ley 32270, que incorpora el voto digital; y Ley 32299, que regula el recuento de votos. También se aprobó la Ley 32354, para la verificación de firmas a cargo del RENIEC, dada tres meses después de convocadas las elecciones. Aún existen proyectos de ley para seguir modificando las reglas del juego electoral. Todo es un zafarrancho: en plena contienda electoral, las leyes se ajustan al antojo de la mafia gobernante.

El Congreso ha adecuado la normativa político-electoral para beneficiar a las mafias que lo controlan, facilitar las candidaturas de sus líderes, perseguir y excluir a sus adversarios y garantizar su reelección y continuidad en el gobierno. Siguen deformando, aún más, el ya deformado régimen político-electoral y las elecciones mismas. El zafarrancho electoral es cabal expresión del zafarrancho político que padecemos. Nada es casual; lo realizado por las mafias gubernamentales tiene el propósito de enredar las normas político-electorales para sacar provecho de estas. No dejan nada al azar: sus líderes deben ser candidatos sin importar el prontuario que tengan, sus adversarios deben ser excluidos para evitar riesgos, y las autoridades judiciales y electorales deben ser controladas.

El sistema de justicia, en marzo último, días antes de convocar elecciones, extinguió al partido político ANTAURO; lo excluyó de todo tipo de elecciones. El Poder Judicial hizo el trabajo del JNE, enmendándole su elusión de funciones, y ha marcado el precedente de que las decisiones de este organismo constitucional, de clara índole político-electoral, no solo de registro administrativo, pueden ser cuestionadas en la justicia común. El Poder Judicial también acaba de incluir a otro partido político (Unidad Popular), que por garrafal error del JNE fue excluido de las elecciones presidenciales y parlamentarias; es decir, ha vuelto a enmendar la plana a la máxima autoridad electoral. Los 43 partidos autorizados por el JNE para participar en las elecciones de abril, por decisión del Poder Judicial, son 44 y podrían ser 46, si los otros dos partidos (APU y RUNA), en igual situación, obtienen el mismo amparo judicial. El ámbito competencial del JNE está mellado por su propia incompetencia.

El sistema electoral destruye su autoridad por no tener una actuación técnica, estable e institucional; sus decisiones abonan a la desconfianza más que a la credibilidad. El JNE erróneamente excluyó a tres partidos de las elecciones de abril próximo por una equívoca interpretación administrativa. Tuvo que recular y admitir su procedimiento de inscripción como válido, habilitarlos para las elecciones regionales y locales de octubre y, ahora, por mandato judicial, autorizarlos a participar en las presidenciales y congresales de abril.

Por otro lado, cabe recordar que, por denuncia del propio RENIEC (organismo del sistema electoral) y de la Contraloría, varios partidos habrían logrado su inscripción en el ROP con firmas falsas. Esta vez, ante el escándalo, el JNE, para corregir su elusión funcional, emitió una directiva que le permitirá, de oficio, realizar fiscalización posterior de la inscripción de las organizaciones políticas, y contempla la exclusión de los partidos que hayan cometido dicha ilegalidad. Esa fiscalización se inició la quincena de junio, pero aún no se tienen resultados. El JNE, en plena campaña, podría extinguir y/o excluir a varios partidos de las elecciones en curso. Resumo: a cuatro meses de convocadas las elecciones, por responsabilidad de nuestros organismos electorales, tenemos 44 partidos inscritos para las elecciones presidenciales que podrían ser 46; pero no sabemos aún si se mantendrán o disminuirán, porque algunos serían extinguidos por haber falsificado firmas. Tampoco sabemos qué sucedería si alguna alianza electoral que integra un partido en esa situación continúa o también se extingue. Terrible inseguridad e irresponsabilidad de las autoridades electorales. Debería remediarse ya.

Un proceso electoral indebido produce elecciones cuestionables. Estas generan autoridades ilegales, ilegítimas, poco representativas y, con ellas, la inestabilidad e ingobernabilidad está garantizada. Otro periodo gubernamental perdido se anuncia y se nos viene. Los peruanos podemos evitarlo: es nuestro patriótico deber y derecho ciudadano.