La resistencia democrática por el Estado de Derecho

La Sala Penal Permamente de la Corte Suprema (CSJ) decidió revocar la suspensión de 24 meses impuesta a Patricia Benavides como fiscal de la Nación. Contrariamente a lo que intentan hacer creer, dicho órgano solo ha resuelto la suspensión judicial. Es decir, no ha dicho que Benavides sea reincorporada, ni que se deba cumplir la decisión de la JNJ.

Al respecto, llama la atención la rapidez con la que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha actuado al dar por “cumplida” la suspensión de 60 días impuesta a Benavides por faltas graves. Lo ha hecho con una celeridad llamativa y sin transparentar, hasta ahora, el acta formal que daría validez a su supuesta reposición.

La insistencia en la rehabilitación de la fiscal destituida e investigada implica reinsertar en el tablero de la impunidad, a una pieza clave ya sea en la Junta de Fiscales Supremos o en el Jurado Nacional de Elecciones. El propósito de fondo es garantizar blindajes, frenar investigaciones y consolidar el control electoral rumbo al 2026.

Esta dinámica forma parte de una arremetida golpista silenciosa, en la que el andamiaje institucional se alinea —sin necesidad de tanques ni decretos de disolución— a través de decisiones que se amparan en la formalidad procesal.

Se trata de una ofensiva antidemocrática que se disfraza de legalidad mientras impone hechos consumados. Se presenta como cumplimiento de sentencia lo que aún no cuenta con resolución firme y se exige obediencia institucional a una restitución de facto sin el acta correspondiente. Al mismo tiempo, se pretende normalizar el retorno de una figura aún investigada por liderar una presunta organización criminal.

El fallo de la Corte Suprema ha evidenciado que, cuando Benavides asumió funciones en la Fiscalía, la resolución sobre su suspensión por 60 días aún no había sido notificada. A partir de esa observación, se entiende el apresuramiento de la JNJ para dar por cumplida la sanción sin presentar el acta formal de su reposición, lo cual resulta profundamente cuestionable. Esta actuación constituye una burla a la transparencia institucional y un atropello a la legalidad.

En este contexto, la respuesta de la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza, representa un acto de responsabilidad democrática.

En medio de este proceso regresivo, la resistencia institucional de la Fiscalía no es apenas un gesto técnico. Es, hoy por hoy, un acto esencial de defensa del Estado de derecho.