La deriva autoritaria

Como muchos anticiparon, la presidenta Dina Boluarte sometió al país al discurso más extenso del Perú republicano en tiempos recientes: más de cuatro horas y media y 97 páginas, cuya lectura ni siquiera logró concluir.

Sin embargo, más allá de su duración desmesurada, lo más preocupante fue el contenido: escaso, evasivo y profundamente desconectado de la realidad nacional. Lejos de representar una rendición de cuentas responsable, se trató de un ejercicio de autoindulgencia política que expuso con crudeza la deriva autoritaria del régimen.

El mensaje presidencial fue, en realidad, una puesta en escena plagada de eufemismos, medias verdades, confesiones sin pudor y omisiones imperdonables. Un acto de desprecio hacia el país que niega la unidad más representativa del país actualmente: 98% de peruanos la desaprueban.

 La mandataria optó por una retórica de victimización que eludió toda responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su mandato. Mientras tanto, la verdad histórica no claudica: cuarenta y nueve vidas truncadas continúan esperando justicia y reparación.

Además, el discurso reveló una inquietante normalización del autoritarismo. Boluarte se apropió de logros institucionales que no le corresponden —como la estabilidad monetaria garantizada por la autonomía del Banco Central— y evitó toda mención a los evidentes retrocesos democráticos que caracterizan su gobierno.

Esta omisión no fue casual, sino coherente con una estrategia que busca consolidar una imagen de control y eficacia, aún a costa de la verdad.

En ese mismo tono, el desprecio por la institucionalidad se expresó en una narrativa triunfalista, completamente ajena al deterioro palpable de las condiciones de vida de millones de peruanos.

El entusiasta aplauso del Congreso —coautor del actual desmantelamiento institucional— fue el gesto simbólico de una escena reveladora. El poder prebendario se celebra a sí mismo, complacido, mientras el país transita entre la precariedad, el miedo por la inseguridad y una profunda orfandad política.

Lejos de ser un llamado a la unidad nacional, el mensaje confirmó la existencia de un pacto de impunidad que protege a los que se han apoderado de la conducción del Gobierno mientras margina a los ciudadanos.

En suma, este 28 de julio se reafirmó que enfrentamos un régimen que confunde autoridad con imposición, gobernabilidad con cooptación y democracia con rituales vacíos. Ante este panorama, la ciudadanía deberá estar activa en esta etapa electoral.