La persecución del pacto autoritario

El Congreso de la República ha dado un nuevo paso en la preocupante deriva autoritaria que socava los pilares de nuestro hoy vulnerable Estado de derecho. Esta vez, la aprobación de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema y actual titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, así lo demuestra.

La acusación, promovida por la bancada liderada por Rafael López Aliaga, Renovación Popular, busca continuar, a la mala, la arremetida golpista iniciada hace un mes por la Junta Nacional de Justicia al intentar reponer a la suspendida fiscal Patricia Benavides.

Esta luz verde a la impunidad ha sido avalada con los votos de la mayoría autoritaria que controla el Congreso. Se le reprocha no haberse inhibido de votar en el proceso que la eligió fiscal de la Nación.

Lo que pretenden quienes ocupan curules desfalcando el Estado es separar a Espinoza no por la comisión de un delito probado, sino por decisiones administrativas y jurisdiccionales propias de su cargo. Esto, en sencillo, es el desconocimiento total de la separación de poderes y la autonomía de los operadores de justicia.

La SAC ha confirmado que el antejuicio político —una figura constitucionalmente diseñada para proteger la función pública de verdaderas conductas delictivas— se ha pervertido en el actual régimen absolutamente. Su única finalidad actual es servir como herramienta de venganza política.

De la misma manera, la comunidad internacional observa y alerta a la ciudadanía. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha sido enfática en decir que los intentos de reorganizar la Fiscalía a partir de destituciones exprés ponen en grave riesgo la autonomía de las instituciones judiciales y, por ende, a la democracia peruana.

La democracia exige límites al poder. Y en el Perú de hoy, ese principio básico está en jaque. No se trata solo del caso de Delia Espinoza, sino también del precedente que se instala: si el Congreso puede remover a fiscales y jueces por sus votos o decisiones, mañana podrá hacerlo con cualquier funcionario que no se someta a su poder político.

Los peruanos deben estar advertidos de que este uso espurio del antejuicio político abre la puerta a que cualquier decisión de jueces o fiscales pueda ser criminalizada si incomoda al poder político de turno.

Si los fiscales y jueces pueden ser apartados por sus decisiones administrativas, entonces, la separación de poderes ha dejado de existir.