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Opinión

¿Por la plata o por la patria?, por Diego Alonso Pomareda

Lo que ha hecho Dina Boluarte es una oportunidad para repensar la normativa sobre la remuneración de quienes han sido elegidos por elección popular. 

Diego Pomareda
Diego Pomareda

En el Perú, gran parte de nuestra representación política carece de vocación. Llegaron al poder más por azar que por mérito, sin preparación ni una mínima idea de cómo gestionar el poder. El resultado: funcionarios que no están en la política para servir, sino para servirse, como diría Weber.

La presidenta Boluarte encarna ese perfil; es decir, una política que no sabe dónde está parada, sin pasado ni futuro y que se “enfoca en maximizar ganancias”, situación que han descrito muy bien Barrenechea y Vergara para otros casos. Esto hace que Dina, al no poder caer más bajo y tener el respaldo de un Congreso igualmente desacreditado, pueda tomar medidas como la de duplicarse el sueldo sin ninguna consecuencia.

Si realmente se tratara de equiparar salarios con los de otros altos funcionarios o con estándares internacionales, lo coherente habría sido establecer una condición suspensiva: que el aumento entre en vigencia con el próximo presidente. Pero no. Boluarte optó por beneficiarse de inmediato y sin ningún reparo.

¿Debe un cargo de elección popular servir para enriquecerse? Claramente no. Por eso, tendríamos que consensuar un principio básico: cualquier autoridad elegida por el pueblo debería recibir un sueldo similar al que percibía antes de ser elegida, salvo que este supere un límite razonable. Esto ayudaría a disuadir las candidaturas por interés económico y evitaría lo que hoy ocurre en el Congreso, donde muchos legisladores ganan diez veces más que en sus empleos u oficios anteriores.

No se trata de una medida arbitraria, sino de establecer criterios objetivos en los que el servicio público prevalezca sobre el negocio político. Esta regla debería aplicarse exclusivamente a los cargos de elección popular, no a los puestos técnicos o ministeriales que demandan alta capacidad de gestión y experiencia profesional. En esos casos, el salario debe ir acorde con la responsabilidad y los resultados.

Por tanto, lo que ha hecho Dina Boluarte es una oportunidad para repensar la normativa sobre la remuneración de quienes han sido elegidos por elección popular. No basta con comparar sueldos con otros países; hay que exigir resultados y crear condiciones para que quienes lleguen al poder lo hagan por vocación, no por ambición. En definitiva, necesitamos políticos que trabajen por la patria, no por la plata.

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