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Opinión

Invocando el voto de castigo, por René Gastelumendi

El triple sueldo no solo afectará la imagen de la presidenta, sino también la de los partidos y congresistas que han guardado silencio o han apoyado tácitamente y con complicidad esta medida y apañado una gestión

René Gastelumendi
René Gastelumendi

Aumentarse el propio sueldo a casi el triple en un país con altos niveles de pobreza, informalidad, desnutrición, anemia infantil, crisis institucional, además de una economía en desaceleración, es una afrenta a la difícil realidad de la mayoría de los peruanos. Ubicarse, todo indica, en la segunda posición en Latinoamérica en el ranking de salarios presidenciales prueba, en plenitud, una lógica pervertida por el puro lucro que es imposible de respaldar (salvo que seas ministro sometido o congresista aliado y cómplice en parasitar al Estado). Sobran los silogismos para el cinismo post “Rolexgate”: describir el cortocircuito con la población, con la ética, con el bien común. A menos eficiencia, más emolumento. A menos logros, más premio. A mayor desaprobación, más plata. Cuanto peor es el servicio, más nos cobra. A más delincuencia, menos empatía.

Sin ningún asco, se ha priorizado el beneficio personal sobre la necesidad social. No hay ningún resultado tangible que justifique una remuneración tan elevada. Dina Boluarte fue la vicepresidenta en la plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo. El lema "No más pobres en un país rico" fue la bandera central de la campaña de Perú Libre. Al ser parte de esa fórmula, ella avalaba y promovía ese mensaje demagógico. Durante la campaña electoral de 2021, tanto Pedro Castillo como Boluarte reiteraron este lema en sus discursos y presentaciones públicas. Fue el eje emocional de su alarmante propuesta para combatir la desigualdad y la pobreza en el país, al punto de plantear una Asamblea Constituyente. El latiguillo populista figuraba, disfrazado de revolución panfletaria, en la propaganda, afiches y documentos de campaña de Perú Libre, el partido que los llevó al poder.

La frustración por la estafa que encajó su núcleo duro de votantes, luego de las muertes producidas por las Fuerzas Armadas hacia la población que reclamó por la promesa de campaña una vez Dina llegó al poder, está contenida. Se jugó con fuego, literalmente. La energía y el reclamo por ahora discurren y se contienen, se contienen y discurren, pero las placas tectónicas de nuestro tejido social no calzan, porque nunca han calzado. Este tenso silencio sísmico, de apenas pequeños temblores sociales, se da porque se percibe que es muy riesgoso salir a protestar contra el gobierno y porque las elecciones, la gran posibilidad de ajustar cuentas una vez más, están a la vuelta de la esquina.

Para una gran parte de la población, especialmente la más vulnerable, la prioridad es la sobrevivencia diaria, al filo de la ley, que es apenas una sugerencia de la oficialidad depredadora que ocupa el Perú teórico. La prioridad es también luchar contra la inseguridad de las extorsiones que se meten hasta con los colegios, los asaltos de siempre. Lidiar con el transporte público defectuoso, mortal y también extorsionado, con las distancias, con el clima, con la lotería inhumana del sistema de salud. Ya no alcanza la vida ni el oxígeno contaminado de la minería ilegal para definir quién golpeó a quién en el golpe de Castillo.

Las encuestas lo anuncian. En este punto, lo jurídico yace en el sótano de nuestro inconsciente colectivo, por lo demás tan atávicamente informal. La justicia y la injusticia se mezclan con las emociones, se diluyen las fronteras, porque la energía y el tiempo para la protesta son limitados, pero, como en los grandes sismos, se acumulan. El terremoto vendrá en forma de votos.

¿Existe algo telúricamente más provocador que respingarse la nariz, lucir Rolex y joyas, mientras que, al mismo tiempo, sostienes que una madre de familia peruana puede sobrevivir con 10 soles diarios? Sí: triplicarse el sueldo cuando dos años antes pregonabas que no iban a haber más ricos en un país pobre.

El triple sueldo no solo afectará la imagen de la presidenta, sino también la de los partidos y congresistas que han guardado silencio o han apoyado tácitamente y con complicidad esta medida y apañado una gestión. Las instituciones correrán otros peligros, porque se afecta la confianza en la democracia misma. Divorcio, desconexión. El voto de castigo se avecina; lo están invocando desde dentro del sistema.

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