Actuar juntos: una gobernabilidad favorable al desarrollo humano, por Iván Lanegra

*Por Iván Lanegra, coordinador del IDH en PNUD Perú

El desarrollo humano consiste en ampliar las libertades -de bienestar y de agencia- para que todas las personas puedan elegir las opciones que valoran. Para lograr este objetivo, sostiene el premio Nobel de economía Amartya Sen, es necesario contar con medios como instituciones sólidas, derechos básicos y libertades económicas, sociales y políticas, los cuales, a su vez, se refuerzan mutuamente. En otras palabras, una gobernabilidad efectiva y democrática es una condición para impulsar el desarrollo humano.

PUEDES VER: EDITORIAL | La protesta en tiempos de impunidad

El informe nacional sobre desarrollo humano de este año, el octavo desde 1997, denominado “Actuar, confiar y conectar caminos: el valor de la acción conjunta para el desarrollo sostenible”, profundiza en el análisis de los vínculos arriba descritos. Para ello, —desde el diagnóstico hasta sus propuestas— se ha nutrido de un amplio proceso participativo que involucró a más de 500 personas en 12 departamentos del país. Participaron actores del sector público y privado, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia y de la cooperación internacional, incluyendo a jóvenes, mujeres y personas pertenecientes a los pueblos indígenas, al pueblo afroperuano, entre otros.

El informe actualiza al año 2024 el índice de desarrollo humano (IDH) a escala distrital, el cual resume los logros en tres dimensiones claves: vivir una vida larga y saludable (esperanza de vida al nacer), el acceso al conocimiento y el logro educativo (escolaridad), y alcanzar un nivel de vida decente (ingreso de los hogares). Entendiendo que el desarrollo humano tiene muchas otras dimensiones, el IDH es un instrumento útil para seguir la evolución de la expansión de las libertades. También actualiza el índice de densidad del Estado (IDE), introducido por el PNUD Perú en 2009, el cual expresa la presencia de determinados servicios claves para el desarrollo humano en cada uno de los distritos del país. Ambos índices muestran progresos entre 2017 y el 2024, mientras persisten las desigualdades -entre las personas y entre las circunscripciones territoriales- y se desacelera el desarrollo humano.

Para poder entender de mejor manera los desafíos que tiene el Perú se realizó un diagnóstico sobre la gobernabilidad desde la perspectiva del desarrollo humano. Veamos sus principales resultados.

a. Efectividad del sistema político. El Estado peruano enfrenta desafíos persistentes para aumentar significativamente su efectividad. Aunque aumenta lentamente la presencia estatal en el siglo XXI, se mantiene el patrón de despliegue desigual en el territorio, lo cual ha motivado una percepción mayoritaria de falta de calidad de los servicios públicos y de acceso desigual a estos, y de una insuficiente capacidad para garantizar los derechos en todo el territorio, siendo que los indicadores sobre el imperio de la ley no han mejorado significativamente.

b. Legitimidad del sistema político. La ciudadanía sigue considerando importante el régimen democrático y lo prefiere frente a otras alternativas, mientras la evaluación sobre su funcionamiento se está deteriorando. La percepción es que la responsabilidad del problema la tienen los representantes, antes que las leyes o la ciudadanía. La confianza en los representantes electos, las instituciones representativas y las organizaciones políticas es de las más bajas en América Latina. Estas cifras sugieren problemas en el funcionamiento de la participación y la representación política. En este contexto, debe leerse el preocupante aumento del apoyo a salidas no democráticas como vía para resolver los problemas más serios del país.

c. Participación política. La participación electoral se mantiene alta (en un sistema de voto obligatorio) aunque hay un aumento del ausentismo electoral. Asimismo, la votación se ha fragmentado. Mientras las protestas con objetivos políticos han aumentado, la percepción sobre la disposición de las autoridades a escuchar las demandas ciudadanas se mantiene baja. Hay un aumento de la polarización y una alta fragmentación. Si bien existen otros mecanismos de participación ciudadana más allá del voto y de la militancia partidaria, estos enfrentan muchas limitaciones y la mayoría de la ciudadanía prefiere no intervenir en el espacio público para discutir los problemas colectivos, y opta por los espacios familiares o amicales. Una mayoría siente que los políticos no escuchan sus demandas. Las mujeres, aunque representan una mayoría en la militancia política, siguen estando subrepresentadas.

d. Asimetrías de poder. Existe una alta percepción de que se gobierna para los intereses de los poderosos, así como una persistente percepción de discriminación. En tanto, las desigualdades económicas y territoriales son consideradas las más importantes. En este contexto, debe destacarse el crecimiento de las economías ilegales en años recientes, así como la persistencia de la alta informalidad en el ámbito económico. Estas circunstancias generan que los actores con menos poder —como las mujeres, los pueblos indígenas, el pueblo afroperuano, la población refugiada y migrante, entre otros— sean también más vulnerables a sufrir las consecuencias de los déficits de gobernabilidad. Por ejemplo, enfrentan un riesgo significativo de ser víctimas de violencia o de recibir un trato desigual o arbitrario, lo cual se refleja en la percepción mayoritaria de una falta de vigencia de la igualdad ante la ley. Todos estos factores contribuyen a la débil confianza institucional y a la desconfianza interpersonal, lo cual obstaculiza la cooperación tanto entre individuos como entre colectivos.

Para ampliar las libertades que gozan las personas y reducir la desigualdad, señala el informe, es crucial contar con una gobernabilidad efectiva, legitimidad política, gobernanza democrática y acuerdos e instituciones que garanticen que, a pesar de las asimetrías del poder, las personas reciban un trato justo. Para hacer posible acercarnos a estos objetivos, debemos impulsar un círculo virtuoso que parta del aumento de la capacidad estatal y del alcance del imperio de la ley, para luego ganar legitimidad a través de un camino secuencial y progresivo que aproveche las oportunidades, y que genere confianza mediante la acción. El motor articulador de la acción conjunta puede ser la atención de los problemas que más preocupación genera la ciudadanía.

En suma, el informe es un llamado a actuar, confiar y conectar caminos, reconociendo el valor de la acción conjunta en el objetivo de contar con una gobernabilidad efectiva y responsable, así como con un sentido de comunidad política que nos conduzca hacia el desarrollo sostenible.