Dedocracia sin receta: la salud pública en manos del favor político, por Cristian León Vilela

*Por Cristian Collins León Vilela, abogado - Docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP

¿Qué haría usted si le encargan seleccionar al CEO de una empresa con más de 63 mil trabajadores y un presupuesto anual de 17,400 millones de soles? Seguramente buscaría experiencia sólida, solvencia técnica y liderazgo probado. EsSalud, que brinda seguridad social en salud a millones de peruanos, debería aspirar al mismo estándar.

Sin embargo, un informe del Órgano de Control Institucional del Ministerio de Trabajo (OCI-MINTRA) concluyó que el actual presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, no cumple con el requisito mínimo de cinco años de experiencia laboral exigido para el cargo. Puede que usted se pregunte si cinco años son suficientes para dirigir una entidad de esta magnitud. Puede que no. Pero es el estándar legal vigente.

Dos de las constancias presentadas por el señor Acho provienen de la Clínica CORI y Megasalud Naranjal. Uno pensaría que el CEO de EsSalud debería provenir de entidades con trayectoria pública consolidada. Pero no fue así.

Al solicitar información a ambos establecimientos, el OCI recibió confirmación de los vínculos. Pero al verificar con SUNAT y el Ministerio de Trabajo, no se halló registro alguno. Las empresas respondieron, entonces, que se trató de contratos “verbales”. Es decir, sin contratos ni constancias de pago: solo afirmaciones verbales.

¿Puede considerarse válida una experiencia profesional sin sustento documental formal? Según SERVIR, Informe Técnico 745-2023-SERVIR-GPGSC, la experiencia se acredita de modo muy flexible, pudiendo hacerlo mediante contratos, recibos por honorarios o conformidades de servicio u otros. Pero una cosa es certificar un hecho cierto, y otra pretender simular hechos inexistentes.

Esto no es una mera irregularidad administrativa. La Ley N.º 31676 establece que designar o aceptar un cargo sin cumplir requisitos legales constituye delito, con penas de hasta cuatro años de prisión.

¿Merece EsSalud estar dirigido por alguien cuya experiencia no puede ser verificada? Peor aún, este no es un caso aislado. El señor Acho reemplazó a Constantino Vila, cuya designación duró apenas 24 horas tras conocerse que tenía una orden de captura vigente. Todo esto refleja una lógica clientelar que normaliza la improvisación y desprecia el mérito.

Más allá de los nombres, el problema es estructural: designaciones que responden a razones políticas. Cuando los cargos públicos se reparten como favores, el Estado deja de servir al interés general y se convierte en botín de redes clientelares.

¿Queremos seguir tolerando un modelo donde la voluntad política se impone a la ley, sacrificando legalidad, integridad y la calidad de servicios esenciales? No se trata solo de salud: se trata de integridad, de legalidad y del respeto que el país merece.