Topes a tasas de interés: la ley que empujó a las microempresas a la informalidad, por Kurt Burneo

Una mala idea. El Congreso de la República en marzo de 2021 aprobó la Ley 31143 denominada “Ley que protege contra la usura a los consumidores de los intermediarios financieros”, norma que ponía topes a las tasas de interés cobradas a los préstamos de consumo y a la microempresa. Como lo señalaba en ese momento justificando lo aprobado, un congresista refería que había que defender al público ante los abusivos intereses que “el oligopolio de los bancos” cobra en el mercado. ¿Qué resultados tuvo —en mi opinión— esta discutible decisión luego de 4 años de vigencia?

Tan sólo un año después de la promulgación de la ley, los resultados alcanzados fueron contrarios a los esperados por el Congreso. Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), principalmente en los segmentos socioeconómicos más bajos; el acceso al crédito bancario formal se contrajo durante el 2022, dejando a estos segmentos a expensas de los prestamistas informales con tasas de interés mucho más altas.

A manera de referencia, el total de créditos del sistema financiero al segmento de microempresas se redujo de diciembre de 2020 a diciembre de 2021 en -4%. Asociado a esto, se reduce el número de deudores con préstamos de consumo en el sistema financiero en -3% para el mismo periodo. En línea con lo anterior, los volúmenes prestados vía el producto tarjeta de crédito se redujeron en nada menos que -30% durante 2021.

Utilizando data reciente, el crédito a medianas, pequeñas y microempresas registró una reducción interanual a abril de -6,4%, -6,1% en marzo y -5,1% en febrero de 2025.

Podrá decirse que los números referidos no son concluyentes al poder admitirse que estas caídas se relacionan también con otros factores, como la dinámica de la actividad económica; sin embargo, todo parece apuntar a lo anticipado por la teoría económica. Las tasas máximas harían que las instituciones financieras dejen de prestar a los segmentos menos favorecidos C y D, los cuales normalmente son los más riesgosos crediticiamente hablando.

En virtud de esta nueva ley, los topes a las tasas de interés en soles están en el orden del 80% al 85%, por lo que bajo estas nuevas condiciones muchas instituciones preferirían no ofrecer sus productos a los citados segmentos, para no infringir la ley, afectándose adversamente la inclusión financiera también.

Según una encuesta publicada en junio de 2021 por el BCRP sobre préstamos informales a mypes en provincias, se estima que los prestamistas informales efectivamente cobrarían tasas entre 800% a 1300% anual a los microempresarios. Peor aún, los llamados préstamos 'gota a gota', por repagarse de forma diaria, podían llegar a tener tasas de interés astronómicas de 10 000% por año.

Sin acceso a la banca formal, las micro y pequeñas empresas han sido lanzadas por una torpe regulación a la amplia informalidad local. Una vez más, la ignorancia y el populismo terminan perjudicando a las unidades de producción más vulnerables. Por otra parte, recientemente en un chispazo de sensatez, en marzo de este año, en una primera votación, el Congreso aprobó el dictamen que deroga esta errada ley, pero en una 2.ª votación no se alcanzaron los 66 votos necesarios para la derogación efectiva. El Congreso la hace larga.

Y es en ese contexto de represión financiera que se aprueban otras discutibles iniciativas relacionadas a los costos para las empresas, como la limitación en el uso de la tercerización laboral por parte de las empresas, sin evaluarse la matriz tecnológica que rige a las empresas sectorialmente establecidas; por añadidura, hay varias iniciativas legislativas del Congreso que establecen aumentos en las indemnizaciones por despidos intempestivos e incrementos sucesivos de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Todas estas iniciativas, al margen de la incertidumbre que generan con la declarativa intención de proteger a los trabajadores, lo que causaron tendencialmente fue aumentar el costo de la mano de obra formal, reduciéndose la cantidad demandada por servicios laborales por parte de las empresas. Y si la tecnología usada en estas implica un rígido coeficiente técnico de uso de mano de obra, más rápido crecerá la informalidad laboral, sobre todo en las micro y pequeñas empresas, agravándose la actual informalidad del trabajo en el Perú: 7 de cada 10 trabajadores.

Ojalá que estas cifras sobre la caída en préstamos a microempresas y de consumo nos lleven a repensar el tema de los topes a las tasas de interés. Y también, de paso, que el Congreso se inhiba de seguir metiendo ruido con otras iniciativas intervencionistas y de controles de precio que al final lo único que logran es perjudicar a quienes supuestamente buscan beneficiar.

DOCENTE: CEMTRUM PUCP