Buscan controlar fiscalía en pleno proceso electoral
La resolución inconstitucional que pretende reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación en realidad anuncia sus verdaderos objetivos.
El intento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación es jurídicamente imposible. Se trata, ni más ni menos, de una usurpación de funciones que, de concretarse, puede desencadenar una crisis de ingobernabilidad en el Perú.
Los peruanos deben saber que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Junta de Fiscales Supremos es el único órgano de Gobierno en el Ministerio Público capaz de nombrar a un fiscal de la Nación.
Esta competencia —que resguarda la autonomía del órgano fiscal peruano— no puede ser asumida unilateralmente por la JNJ.
El caso de la exfiscal Patricia Benavides ha sido, desde que asumió el cargo, un nodo de tensiones políticas y legales que culminó en su destitución por graves denuncias en su contra.
Ahora, la JNJ pretende revertir esta secuencia, retrotrayendo los hechos a un escenario ya superado por el tiempo, las decisiones legales y la realidad institucional.
Además, la JNJ no puede ordenar la restitución de Benavides como fiscal de la Nación, porque no fue destituida como tal, sino como fiscal suprema titular.
En el derecho moderno, la nulidad no tiene el poder mágico de borrar realidades administrativas ni decisiones válidamente tomadas por otros órganos. Pretenderlo, como lo está haciendo la JNJ, no solo desconoce los límites legales, sino que evidencia la gravedad de la ausencia de autonomía.
El artículo 158 de la carta magna es claro al afirmar que ningún poder del Estado ni organismo autónomo puede usurpar funciones no previstas en el marco normativo. Hacerlo constituye delito de usurpación de funciones en flagrancia, lo cual amerita una infracción constitucional.
En el contexto actual, donde se investigan graves casos de corrupción, violaciones a derechos humanos y se perfila un proceso electoral crucial hacia el 2026, la autonomía del MP no puede estar sujeta a maniobras políticas ni a decisiones arbitrarias.
La Junta de Fiscales Supremos tiene el deber de defender sus prerrogativas y actuar en consecuencia. Someterse al dictado ilegal de la JNJ en este punto sería abdicar de su función y abrir la puerta a un precedente nefasto: que una entidad administrativa imponga líderes al Ministerio Público, al margen del procedimiento legal y del consenso entre pares que, en realidad, supone la irrupción de los intereses de la coalición gobernante.
En un momento crítico para la democracia peruana, cualquier intento de manipular la institucionalidad en beneficio de intereses políticos debe ser denunciado con claridad.